Parón en el juicio del 'caso Rilco'

El juicio por el denominado 'caso Rilco', que se viene desarrollando desde el 24 de mayo, en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cádiz, ha sufrido un parón después de que el ente judicial anunciara ayer su aplazamiento hasta el próximo jueves. Según han indicado a Europa Press fuentes judiciales, la decisión de retrasar las sesiones ha sido adoptada con motivo del fallecimiento de un familiar de uno de los magistrados que intervienen en el proceso. Así las cosas, no será hasta el jueves cuando las partes comiencen a presentar sus informes finales, tras lo que el juicio quedará visto para sentencia.

Para las conclusiones definitivas de las partes se habían reservado a priori cuatro sesiones, si bien el proceso podría concluir antes, entre otras cuestiones porque se ha retirado la acusación contra José David Sánchez de Medina, uno de los exdirectores generales de Rilco que había estado sentado en el banquillo desde que comenzó el juicio.

De esa manera, los acusados por supuestas irregularidades relacionadas con la puesta en marcha de Rilco -un portal de comercio exterior con Iberoamérica- son los exdelegados del Estado en la Zona Franca de Cádiz Manuel Rodríguez de Castro y Miguel Osuna, ambos nombrados en su día por el Gobierno del PP; Rafael Ortiz, exdirector general de Rilco, y el matrimonio compuesto por Germán y Camila Leiva, titulares de la empresa Miami Free Zone, adjudicataria en un primer momento para el desarrollo de Rilco.

Responsabilidades

Cabe recordar que, en las sesiones previas, Rodríguez de Castro y Miguel Osuna han defendido su gestión y han apuntado las responsabilidades que habrían tenido en el caso, como asesores que eran, los abogados del Estado Manuel Ponce y José Aurelio Ruiz Piña (este último está presente en el proceso como acusación). El exdirector general de Rilco Rafael Ortiz, por su parte, ha defendido que su cargo era «nominal», que quien mandaba era Osuna y que él se limitó a tratar de vender, sin éxito, participaciones de Rilco a entidades privadas.

Antes de que la acusación ejercida por el Ministerio Fiscal, la Abogacía del Estado en representación de la Zona Franca y el PSOE, decidiera retirar la acusación contra el exdirector general y exconsejero delegado de Rilco José David Sánchez de la Medina, éste ha asegurado en el juicio que «vio funcionar» Rilco y que cuando llegó el socialista José de Mier a la Zona Franca hubo indicaciones para descalificar el proyecto haciendo pensar que «era un bluf».

Por su lado, el matrimonio compuesto por Germán y Camila Leiva, propietarios de Miami Free Zone, han afirmado que el proyecto se hizo, se entregó y se comprobó que funcionaba, lamentando que haya sido «guardado en un cajón» por posible arbitrio político. El matrimonio ha dejado claro que no tenía económicamente ninguna necesidad y que el único interés que tenían era participar en un «lindo» proyecto.

Durante el proceso han declarado también varios testigos que aseguraron que el portal informático «estaba en funcionamiento» y disponía de contenido propio aunque ninguno de ellos pudo afirmar que se realizara alguna operación o transacción económica, principal punto de interés de este portal informático cuyo coste rondó los 4,2 millones de euros.

El Partido Socialista cuestionó, una vez más, la actitud que ha mantenido el Partido Popular con el llamado 'Caso Rilco' contra los exdelegados de la Zona Franca, Manuel Rodríguez de Castro y Miguel Osuna. El presidente de la Ejecutiva Provincial del PSOE de Cádiz, Manuel Jiménez Barrios, criticó ayer la «connivencia política» que ha mantenido el Gobierno respecto a los dos acusados «defendiendo más sus intereses particulares» que los del Consorcio de la Zona Franca. Jiménez Barrios lamentó que consejeros actuales de la Zona Franca de Cádiz designados por el PP hayan dado «papeles y documentos» a los abogados de la defensa de los exdelegados, que también fueron designados por el PP. En concreto, el presidente de la Ejecutiva provincial del PSOE de Cádiz apuntó que según su letrado, «semanas antes del inicio del juicio, los consejeros del Partido Popular en Zona Franca de Cádiz pidieron por escrito al Consorcio actas de aquella época y que más tarde han sido aportadas por las defensas de los acusados». Manuel Jiménez Barrios insistió en que el PP ha puesto «permanentemente trabas» a este proceso judicial y criticó la estrategia de este partido, y de los defensores de los acusados, de señalar «que los culpables eran los abogados del Estado», que ejercen la acusación, cuando también se encargaban de asesorar legalmente a la Zona Franca de Cádiz. Asimismo, los diputados Mamen Sánchez y Francisco González Cabaña anunciaron que el próximo miércoles preguntarán al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en «sesión de control» sobre este caso y se interesarán por «cómo pueden echar la culpa del caso Rilco a los abogados del Estado» sin haber hecho «una investigación interna» sobre la supuesta malversación de caudales públicos a través de la puesta en marcha del portal de comercio electrónico impulsado por la Zona Franca de Cádiz .

González Cabaña explicó que además presentarán iniciativas parlamentarias en la Comisión de Industria para preguntar por la justificación de los fondos Profit que «fueron concedidos y mal utilizados como ya ha dejado bien claro la sentencia del Tribunal de Cuentas».

Por último, señalaron que el abogado del PSOE pedirá diez años de prisión para Manuel Rodríguez de Castro y Miguel Osuna, así como que paguen una multa de ocho millones de euros. Esta acusación pedirá también cuatro años de prisión para Germán y Camila Leyva y once años de prisión y multa de ocho millones de euros para Rafael Ortiz Rodríguez.