Una prática en retroceso

En 2012, los 58 países que aún no han abolido la pena de muerte ejecutaron a 682 personas y condenaron a la pena capital a otras 1.722. Siete países incluso ejecutan a menores, aunque solo Sudán, Irán y Yemen lo hacen regularmente. En todos los casos se trata de condenas previstas en la legislación de naciones que, a excepción de algunas democracias como EE UU, Japón, India y Taiwán, son mayoritariamente regímenes autoritarios. Pese a lo alarmante de las cifras, los expertos y analistas se muestran optimistas ante el evidente avance registrado en los últimos años. «Hace 25 años dos tercios de los países mantenían esta práctica; hoy, las tornas han cambiado y son dos tercios los países abolicionistas», señala Raphael Chenuil-Hazan, director de la asociación Juntos Contra la Pena de Muerte.