El exbarón del PP Baltar se sentará en el banquillo de los acusados por prevaricación

Nada se interpone ya entre José Luis Baltar Pumar y el banquillo de los acusados. La Audiencia Provincial rechazó ayer el último recurso interpuesto por la defensa del exbarón del PP, que durante décadas dirigió la Diputación de Ourense, que pedía el archivo de la causa. El auto no admite recurso alguno.

Baltar, que a principios de enero dejó las filas del Partido Popular para no perjudicar a la formación y en la que tenía un peso electoral indiscutible, tendrá que responder ahora ante el tribunal por un presunto delito continuado de prevaricación por los 'enchufes masivos', hasta 104 de familiares y personas vinculadas al PP, en la Diputación ourensana. El hecho fue denunciado por el PSOE.

Todo arrancó en 2010, en las vísperas del congreso de los populares de Ourense, en el que se iba a elegir el nombre de su sucesor. La pugna estaba entre su propio hijo y actual presidente del PP ourensano, José Manuel Baltar Blanco, y el candidato oficialista, Juan Jiménez Morán, regidor de Verín que contaba con el plácet del presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo. Los Baltar se llevaron el gato al agua y pusieron la guinda a una sucesión dinástica, en la que Baltar hijo reemplazó a su padre a los mandos del partido y de la Diputación.

El proceso contra Baltar, que solía decir que era un «cacique bueno», saltó a los titulares en diciembre del 2012 cuando el magistrado de la sala de Instrucción número 1 de Ourense, Leonardo Álvarez, admitió a trámite la denuncia de la Fiscalía contra el expresidente popular a partir de una querella interpuesta por el grupo socialista en la Diputación a mediados del 2010. En abril, se formalizó la imputación contra el histórico líder del PP en Ourense, que desfiló por el juzgado.

Recursos

Aunque la instrucción del caso ya ha concluido, quedaban por resolver los recursos de la defensa de Baltar y del PSOE. Los abogados del exbarón del PP alegaron «indefensión jurídica» para pedir el sobreseimiento de la causa. El argumento era que los 'enchufes' fueron una mera «irregularidad administrativa», no un delito. El segundo recurso, de la acusación particular que ejerce el PSOE ourensano, pedía ampliar los delitos imputables al exdirigente por los contratos laborales irregulares. Además de prevaricación, los socialistas planteaban que Baltar, supuestamente, habría malversado dinero público y falseado documentos. Ambos fueron rechazados.