Matas, el último aliado del duque

La declaración espontánea, quizás involuntaria, de Jaume Matas sobre sus adjudicaciones de contratos a Iñaki Urdangarin supuso el principio del calvario judicial para el yerno del Rey. Sin embargo, dos años después el expresidente de Baleares se ha convertido en el último aliado del marido de la infanta Cristina en el 'caso Nóos' tras la traición en los últimos días de sus testaferros, colaboradores, amigos íntimos y socios en busca de una desimputación que les evite el banquillo de los acusados cuando se abara el juicio oral el próximo año.

Las declaraciones de los 11 testigos propuestos por Matas que en las últimas 48 horas han desfilado ante al juez José Castro han supuesto las primeras palabras amables hacia Urdangarin que se han escuchado en los juzgados de Palma de Mallorca desde que el marido de la infanta Cristina fuera imputado, hace ahora un año y medio.

Profesores de universidad, técnicos de turismo y exresponsables del Gobierno autonómico defendieron que los Illes Balears Forum, los dos encuentros empresariales-deportivos por los que el Ejecutivo de Matas pagó 2,3 millones de euros a Urdangarin, fueron beneficiosos para el desarrollo económico de las islas. Y todo ello, a pesar de que su coste real, y así lo atestiguará en breve la Agencia Tributaria, fue muy superior al precio pagado por su organización.

El abogado de Urdangarin, siempre críptico con sus extraños comentarios, celebró ayer, a su manera, las palabras de los testigos que avalarían el trabajo de su cliente. «Interesantes siempre, yo lo valoro siempre todo positivo», apuntó el letrado Mario Pascual Vives, sabedor, no obstante, del hecho de que un puñado de testigos de parte no van a borrar las imputaciones en contra de su patrocinado por haber malversado dinero público, por mucho que los foros fueran o no provechosos para las islas Baleares.

Más eufórico se mostró el defensor de Matas. «Hemos acabado con la impostura», dijo Antonio Alberca de la idea de que Urdangarin se llevó dinero del Ejecutivo autonómico «por no hacer nada». Los controles de legalidad y financieros se pasaron los acuerdos demostraron que no hubo «ninguna irregularidad» en los contratos del Ejecutivo de Matas con el Instituto Nóos y «se actuó dentro de la normalidad», apuntó el abogado, al tiempo que recordó que ayer fueron interrogados los interventores que fiscalizaron aquellos convenios, «sin que encontraran nada. No entendemos que se pueda imputar ningún delito a Jaume Matas», insistió Alberca.

El optimismo del abogado fue rebajado por el síndico de cuentas de Baleares, Bernat Salvà, quien declaró en calidad de testigo e indicó que los dos convenios con el Instituto Nóos no fueron supervisados por su organismo fiscalizador, según explicaron fuentes jurídicas a Europa Press.

Durante el interrogatorio, Salvà señaló que los acuerdos no pasaron el control de la Sindicatura de Cuentas porque las supervisiones que lleva a cabo se realizan de forma aleatoria y, por tanto, no pudo determinar si el desarrollo de los mismos y los gastos en que incurrió Nóos se ajustaron a la legalidad.

Recta final

Los interrogatorios de estos días en los juzgados de Palma de Mallorca, a expensas de otras declaraciones de testigos de escaso rango para la causa en Valencia y Barcelona, casi ponen punto y final a la vasta instrucción de la denominada 'pieza 25' del 'caso Palma Arena'. Tanto el fiscal Pedro Horrach como el juez José Castro esperan poder dar por concluido el sumario el próximo septiembre.

Pero lo cierto es que los cálculos del instructor y del acusador público siempre han sido muy optimistas, y se han visto desbordados por los acontecimientos. Ambos aún están a la espera de recibir los numerosos informes que reclamaron a la Agencia Tributaria, entre ellos los de las investigaciones exhaustivas patrimoniales y tributarias de Cristina de Borbón para determinar si hay razones para imputar a la hija menor del Rey por un delito fiscal.

Si estos últimos documentos de Hacienda, como parece previsible, no aportaran nuevos indicios sobre la infanta, la intención del juez y el fiscal es cerrar el caso, elevarlo a la sala de la Audiencia Provincial de Palma y esperar que haya juicio a finales del próximo año. Eso sí, siempre que se cumplan los cálculos de Horrach y Castro.