El fiscal retira la acusación contra uno de los exdirectores de Rilco

El juicio por la supuesta malversación de caudales públicos en la creación de un portal informático para el comercio internacional (Rilco) en el seno de la Zona Franca de Cádiz consumará la semana próxima sus últimas sesiones con la presentación de las conclusiones finales por parte de las acusaciones y las defensas. Para agilizar el desarrollo de estas jornadas y facilitar el trabajo de los letrados, el presidente del tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia solicitó al Ministerio Fiscal que anticipara a las defensas si iba a introducir modificaciones en su escrito de acusación y lo trasladara antes de que se presentara en sala. De manera oficiosa ha sido el propio magistrado el que lo ha hecho llegar a los letrados y LA VOZ ha tenido acceso a este documento que adelanta cuál va a ser la postura que defienda el fiscal en su última intervención en el juicio.

El representante del Ministerio Fiscal ha realizado cambios en sus peticiones de responsabilidades; el más notable atañe a uno de los dos exdirectores generales que tuvo Rilco desde que la sociedad fue creada por el exdelegado de la Zona Franca designado por el PP en 1996, Manuel Rodríguez de Castro. El fiscal retira la acusación que dirigía contra José David Sánchez de Medina para el que pedía seis años de prisión por los delitos de encubrimiento y falsedad documental.

Este exdirectivo de la empresa comenzó a trabajar en Zona Franca como responsable del departamento de servicios informáticos. Miguel Osuna, que sucedería en el cargo al frente del recinto fiscal a Rodríguez de Castro, lo convirtió en su asesor en asuntos técnicos, según declaró en el juicio. A esta persona le pidió que le fuera informando de la marcha del proyecto de creación del portal.

Por su parte, Sánchez de Medina aseguró en el juicio que su labor se limitó al de un técnico más y que no tuvo ningún papel en la adjudicación del contrato a Miami Free Zone (MFZ) ni en la solicitud de los préstamos que el Ministerio de Ciencia -ahora de Industria- concedió a la sociedad. Así su nombre desaparece por completo del nuevo escrito presentado por el Ministerio Público.

También desaparece el cargo de encubrimiento para Osuna. El fiscal reduce en 12 meses su petición de condena. Ya al inicio del juicio, el tribunal eliminó la acusación por falsedad documental. El exdelegado dejaba de ser el acusado que se enfrentaba a la pena más elevada.

Otra de las modificaciones relevantes que ha realizado el fiscal Lorenzo Sacaluga después de haber oído a los acusados, testigos y peritos ha sido elevar la pena para el otro exdirector general de la sociedad que está procesado: Rafael Ortiz. Al inicio del juicio, la acusación pública le imputaba la misma responsabilidad penal que a José David Sánchez de Medina, solicitando igualmente seis años de prisión. Pero esa calificación pasa a agravarse hasta los once años, al subirlo en un peldaño en la pirámide que ha dibujado el fiscal, situándolo al mismo nivel que Osuna. Así, pide once años de prisión por malversación, fraude y falsedad en documento oficial. El Ministerio Fiscal le añade un plus de reproche por ser una de las personas con firma autorizada en la cuenta bancaria donde se transfirió parte de los fondos públicos, en calidad de apoderado de la adjudicataria MFZ.

Durante el juicio, Osuna cargó las tintas contra el directivo contratado por Rodríguez de Castro, que terminó presentando la dimisión. Aseguró al tribunal que tras renunciar a su cargo, supo a través del banco que Rafael Ortiz se interesó en una ocasión por la citada cuenta bancaria.

Para el resto de acusados: Rodríguez de Castro y el matrimonio Leiva, el fiscal mantiene los mismos argumentos y no introduce modificaciones en sus peticiones de cárcel.