Los testaferros tiran de la manta y ponen a Urdangarin contra las cuerdas

El día de las traiciones al duque de Palma se consumó ayer, como había previsto el fiscal Pedro Horrach, y algunos testaferros del yerno del Rey, ante la amenaza de ir al banquillo y una petición de cárcel, comenzaron a ser locuaces para terminar de dar la puntilla a Urdangarin. Los intermediarios hicieron revelaciones sobre el uso de una sociedad pantalla, Aizoon, para defraudar a Hacienda y desviar dinero público, la falsificación de facturas, y la evasión de capitales.

La 'puñalada' más sangrante fue la de Mario Sorribas, otrora amigo íntimo de Urdangarin y a quien confió cuando se marchó a Washington el timón de Aizoon, la inmobiliaria del matrimonio usada para captar más de un millón de euros de las administraciones valenciana y balear. Sorribas, despedido como apoderado de Aizoon en enero, no se anduvo por las ramas. La sociedad de Cristina de Borbón y su marido, dijo, no tenía empleados, más allá de él mismo. Aunque Urdangarin llegó a hablar de una veintena de trabajadores, Sorribas aseguró ante el juez que, desde que comenzó a trabajar en 2009 para la supuesta inmobiliaria jamás vio por allí a empleado alguno que justificara las abultadas nóminas que el duque presentó para desgravar a Hacienda o para justificar que endosara a la sociedad sus asesorías para multinacionales.

Sorribas no se quedó ahí. Confirmó lo que era un secreto a voces aunque Urdangarin siempre se haya negado a reconocerlo, que era el 'alma mater' de la Fundación Cultura, Deporte e Integración Social, la organización para niños discapacitados que sustituyó al Instituto Nóos y que sirvió para sacar dinero de España, amén de para percibir más de 120.000 euros de la candidatura olímpica Madrid 2016 por elaborar supuestos informes. Sorribas, que fue responsable de Comunicación de la fundación, admitió que el Ayuntamiento de Madrid pagó 6.000 euros al mes en concepto de subvención durante dos años, aunque en los últimos 12 meses del convenio no entregaron ni un solo trabajo a la administración madrileña. Lo único que hizo la fundación para Madrid 2016 fueron algunos trabajos de lobby que no se concretaron en nada.

Si mal le fueron las cosas a Urdangarin con Sorribas, peor aún con el interrogatorio de Miguel Zorío, el publicista valenciano acusado por Anticorrupción de facilitar facturas falsas a Nóos para cobrar a la Generalitat cientos de miles de euros por trabajos no realizados para los fallidos Juegos Europeos, un proyecto por el que Urdangarin ingresó 382.000 euros del Gobierno de Francisco Camps. Zorío, en busca de una declaración favorable a su desimputación, admitió que fue el yerno del Rey quien le propuso cambiar de conceptos las facturas para el Gobierno de Camps y que fueron rechazadas por injustificadas.

Falsedad documental

Según el empresario, Urdangarin planteó los cambios en los conceptos y el duque endosó a la Generalitat una factura por 241.971euros. La declaración del publicista, que situó al duque de Palma en el epicentro de los fallidos Juegos Europeos, aunque el marido de la infanta siempre ha mantenido que fue un mero colaborador del proyecto, es clave para imputar a Urdangarin el delito de falsedad documental. Después de su declaración, Zorío emitió un comunicado para rechazar la calificación de «arrepentido», negó haber sido el «testaferro de nadie» y defendió que todas las facturas que emitió «tenían un servicio que las justifica».

Clave fue también el interrogatorio del belga Robert Cookx, el intermediario acusado de haber intervenido en la operación para evadir a Suiza dinero cobrado por diferentes estudios a Aguas de Valencia. Según Anticorrupción, el marido de la infanta llegó a ingresar 140.000 euros en el extranjero gracias a la ayuda de Cookx. El belga admitió que cedió por 17.000 euros su empresa pantalla, Alternative General Service, para que terceras personas pudieran cobrar diversas cantidades en el país helvético, pero que desconocía que se tratara de Urdangarin.

El cuarto declarante fue el bróker barcelonés Alejandro Sánchez Mollinger. Este empresario, socio de Urdangarin en varios negocios desde 2008 y que declaró como testigo, no empeoró la situación del duque, pero hizo un retrato muy ajustado sobre su actividad. Sánchez admitió que él mismo y Urdangarin lograron cobrar 30.000 euros al Valencia C. F. por conseguir tres reuniones entre el club e hipotéticos patrocinadores, que luego no llegaron a nada.