La Audiencia investigará las preferentes de Bankia pero no citará a Ordóñez y Segura

La Audiencia Nacional investigará la comercialización de participaciones preferentes por parte de Caja Madrid, Bancaja y Bankia-BFA, después de admitir a trámite la querella presentada por UPyD el pasado 15 de abril contra estas entidades financieras y cinco responsables directos de la emisión de los polémicos productos financieros. Los delitos que investigará el magistrado Fernando Andreu son los de estafa, estafa de inversiones, apropiación indebida, publicidad engañosa, administración fraudulenta o desleal y maquinación para alterar el precio de las cosas.

El juez ha abierto una pieza separada del 'caso Bankia', que investiga la constitución y salida a Bolsa del grupo financiero, y en el que están imputados una treintena de exconsejeros, además de su expresidente, Rodrigo Rato. Sin embargo, Andreu rechaza incluir en esta nueva causa a los máximos responsables de los principales órganos supervisores y reguladores del sistema financiero: Miguel Ángel Fernández Ordóñez (exgobernador del Banco de España) y Julio Segura (expresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores). Según UPyD, tanto Miguel Ángel Fernández Ordóñez como Julio Segura permitieron «el encubrimiento de la presunta estafa» de las participaciones preferentes. Sin embargo, Fernando Andreu considera que el tipo penal de encubrimiento «difícilmente es encuadrable en las conductas» de los máximos responsables del Banco de España y la CNMV.

El titular del juzgado central de instrucción número cuatro de la Audiencia Nacional recuerda que en el propio escrito de la querella «se advierte y se enumeran los informes, advertencias y recomendaciones que ambos organismos (Banco de España y CMNV) fueron realizando en el ámbito de sus competencias» sobre el asunto de las preferentes. «No procede, por ello -añade Andreu- admitir la querella interpuesta contra los mismos, al configurarse ni siquiera de forma indiciaria su participación en la comisión de los hechos objeto de la querella».

Pocas horas después, UPyD anunció su intención de recurrir en reforma y apelación la decisión del juez de excluir del caso a Fernández Ordóñez y Segura. Según el abogado de la formación política, Andrés Herzog, ambos «fueron coautores de la estafa como cooperantes necesarios».

«Espacios de impunidad»

Andreu deja patente su disconformidad con el criterio de la Fiscalía, que no aprecia fraude generalizado en las preferentes, sino solo «malas prácticas». El pasado día 31 de mayo, el Ministerio Público hizo público un informe en el que emplazaba a los afectados a acudir a la vía civil y contenciosa por resultar «más rápida y eficaz» que la penal. Pese a coincidir «en lo sustancial» con la Fiscalía, el magistrado cree que su criterio, «basado únicamente en la eficacia y rapidez en obtener una respuesta de la Justicia, lo es tan solo en lo que se refiere a la reparación indemnizatoria, y no es ni puede servir de excusa para crear espacios de impunidad, si es que se ha cometido algún ilícito penal».

El auto del juez Andreu se refiere también al informe de la CNMV en el que se hablaba de «malas prácticas», no solo en el proceso de comercialización, sino también en el de negociación de las participaciones preferentes. Según el juez, «estas actuaciones (...) deben ser objeto de investigación en sede judicial, desde el momento en el que se está advirtiendo de una necesidad de captación de compradores, de una deliberada falta de información a los clientes y de un claro conflicto de intereses entre estos y entre los mismos y la entidad, conflicto que se resolvió a favor de la entidad, y en perjuicio de los clientes».

En su extensa argumentación, el magistrado explica que los delitos que se investigarán son competencia de la Audiencia Nacional por cuanto «las participaciones preferentes fueron adquiridas por una multiplicidad de personas que resultaron perjudicadas en su inversión habiendo perdido todo o parte del dinero que destinaron a la adquisición del producto».