El Parlamento plantea mejorar la publicidad de la renta de los diputados

Forzado por el escándalo a causa de la subida de las dietas de los secretarios adjuntos de la Cámara, que obligó a dar marcha atrás a la decisión, el presidente del Parlamento de Andalucía, Manuel Gracia, reunió ayer a los grupos parlamentarios para estudiar medidas de transparencia que le ayuden a superar la imagen de opacidad y alegría presupuestaria.

Al término de la reunión, el presidente de la Cámara compareció para informar que ha alcanzado el acuerdo con los tres grupos parlamentarios, PP-A, PSOE-A e IULV-CA, de encargar tres informes a los servicios de la Cámara con propuestas para aumentar la actividad tanto de los plenos como de las comisiones en enero y en julio y para dotar de mayor transparencia el régimen económico de los diputados y la presentación de las declaraciones de bienes y del IRPF.

Asimismo, se ha pedido informe sobre cómo dotar de mayor transparencia a todo lo que tiene que ver con el sistema económico de los diputados, de los grupos y los medios materiales con los que estos cuentan para realizar su labor parlamentaria.

Los grupos han expresado su conformidad con abordar estas cuestiones, así como que haya un mínimo de actividad parlamentaria en los meses de enero y julio, tradicionalmente inhábiles. Los informes, dijo Gracia, estarán elaborados antes del mes de agosto, aunque el referido a la actividad se espera para la próxima semana, que es cuando se celebrará la última reunión de la Junta de Portavoces del periodo de sesiones, que finaliza el 30 de junio, y a quien compete decidir si se habilita el mes de julio.

Entre tanto, el PP-A parece decidido a no volver a la mesa sobre transparencia, e incluso a que el «cese temporal» de su presencia en la negociación del Pacto por Andalucía pase a ser «definitivo». José Luis Sanz, secretario general del PP-A, dijo en rueda de Prensa que la Ley de Transparencia que prepara la Junta obliga a las empresas públicas de los Ayuntamientos, mientras el Gobierno andaluz oculta el número de altos cargos y puestos de confianza que trabajan en la Administración andaluza y que los 'populares' cifran en unas mil personas que cobran unos 44 millones de euros al año.

El PSOE-A por su parte se preguntó que si el PP-A no vuelve a la mesa de partidos porque teme que se conozcan sus prácticas y reclamó aclaraciones respecto a los sobresueldos de la cúpula del partido, que para Mario Jiménez, vicesecretario general, pueden incurrir en incompatibilidades, algo que rechazó el líder popular, Juan Ignacio Zoido