Hacia un estado federal

Desde el siglo XIX los momentos de apertura democrática -en un sentido laxo del término- del estado español han correspondido con tensiones territoriales de la periferia buscando sistemas descentralizados de gobierno; en estos sucesos Andalucía siempre tuvo un papel protagonista, los libros de historia así lo dicen , pese a que muchos pequen de desmemoria interesada.

La constitución de 1978 marcó una estructura territorial del estado que pretendía dar solución a los «casos» vasco y catalán y de hecho planteaba un autogobierno limitado para estas dos comunidades, y por añadidura a Galicia, y una mera descentralización administrativa para el resto de las regiones o nacionalidades del estado. El artículo 151 dejaba la puerta abierta a que otros territorios pudieran conseguir el mismo nivel competencial que las llamadas nacionalidades históricas; sin embargo esa ruta era tortuosa y complicada; todos sabemos que Andalucía tuvo el coraje político para emprender ese camino y a la postre conseguir su objetivo pese a los obstáculos encontrados. La irrupción demoledora del pueblo andaluz con un vigor extraordinario provocó, de facto, una mutación constitucional y abrió el estado español a un estado cuasi federal enmascarado dentro del término «estado de las autonomías», el llamado despectivamente «café para todos», frase acuñada por el profesor Clavero Arévalo y con un sentido totalmente contrario al que muchos líderes vascos y catalanes le quieren dan.

La gran recesión en la que nos hayamos inmersos está provocando que haya personajes de la derecha, por cierto, muy cercanos a los causantes de la crisis que nos está arrasando, que claman contra las autonomías como causante de un despilfarro compulsivo generalizado que pone en riesgo la propia supervivencia de nuestra solvencia como estado. Cualquier excusa es buena para intentar una involución de nuestro sistema de descentralización territorial, de nuestro sistema democrático y de los derechos y coberturas sociales que tanto esfuerzo han costado conseguir. Se empieza a instalar la idea de que las autonomías son negativas, de que 'el café para todos' fue un error y de que la proliferación de instituciones, parlamentos y gobiernos contribuyen a tirar por la ventana los impuestos de los ciudadanos.

Es curioso, no se entra a fondo contra las decimonónicas Diputaciones Provinciales, focos de redes clientelares, ni de las mastodónticas instituciones y organismos del estado vacíos de competencias. Sólo se habla de las comunidades autónomas como causantes de todos los males olvidando que desde que estas existen el nivel de servicios a los ciudadanos ha crecido exponencialmente. Los defensores de la UNA, GRANDE Y ¿LIBRE? utilizan cualquier excusa para volver al estado cavernario de la España monolítica.

Pero este discurso se puede volver en contra de los que lo expanden. Uno de los problemas del estado español es que tiene un modelo de articulación territorial inconcluso, las tensiones son continuas, y los conflictos también. Se oyen propuestas que conducen a una vuelta al sentido inicial de la Constitución del 78, es decir, un estado asimétrico con un estatus privilegiado para Cataluña y País Vasco y una descentralización a la baja para el resto, por no hablar de claros planteamientos secesionistas que en muchos casos enmascaran simples demandas presupuestarias.

Este eterno y recurrente debate sólo se puede terminar si se realiza una revisión profunda del modelo de estado que recoge nuestra constitución, o mejor, si se realiza un nuevo proceso constituyente que adapte nuestra Carta Magna a los nuevos tiempos y a las demandas de la ciudadanía.

En primer lugar definiendo un verdadero y claro Estado Federal, con los siguientes elementos constitutivos esenciales:

Un Senado que sea realmente una cámara territorial y no el cementerio de elefantes que es actualmente. Con las competencias consustanciales a este tipo de órganos de otros estados federales, como ejemplo Alemania.

Una verdadera descentralización judicial que potencie el papel de los Tribunales Superiores de los diferentes estados confederados.

Un reparto competencial cerrado y claro.

El reconocimiento constitucional del Estado como Federal con la consiguiente correlación de estados componentes.

Un verdadero reconocimiento de las diferencias lingüísticas y culturales.

Un sistema de financiación justo e igualitario sin los privilegios que existen actualmente por los famosos conciertos vasco y navarro.

Y ya, de paso, se pueden incluir medidas de verdadera transparencia de las administraciones públicas, sistemas que ahonden en la democratización de las instituciones y de participación directa de los ciudadanos en la cosa pública, acabar con la provincia como antigualla histórica que es, ahondar en un sistema electoral más justo y pluralista, y. aprovechar para instaurar un sistema de elección democrática del Jefe del Estado.

En la transición, Andalucía fue fuerte y alzó su voz para no consentir ser menos que otros territorios; en aquellos años el Andalucismo era potente, sus ramificaciones impregnaban toda la sociedad y ello contribuyó a las fechas históricas del 4 de Diciembre de 1977 y del 28 de Febrero de 1980. Ahora, y después de múltiples travesías del desierto y algunos oasis, el Andalucismo ha perdido capacidad de influencia política y visibilidad ante los ciudadanos. Sin su carga ideológica Andalucía pierde vigor y pierde peso político en Madrid, peso que si tienen los vascos, los catalanes e incluso los gallegos, canarios, valencianos y aragoneses. Sin expresión política propia y capacidad de influencia en la capital del reino, Andalucía está en situación de desventaja para la próxima batalla que se avecina y puede ocurrir que, de nuevo, volvamos a ser menos que otros. Y tengamos en cuenta un aserto que es totalmente cierto: Cuando Andalucía golpea la mesa España tiembla.