El PSOE propone que la Constitución fije un Estado de bienestar mínimo y homogéneo

Defiende a ultranza del Estado autonómico, pero 35 años después de su invención el PSOE cree llegada la hora de hacer una evaluación crítica. Y entre sus conclusiones destaca una: es indudable que ha producido desigualdades en derechos sociales. La propuesta de reforma constitucional del principal partido de la oposición aboga por introducir elementos que palien esos desequilibrios. Pero hace algo más: propone fijar en la Carta Magna un «principio de garantía del Estado» para asegurar a todos una prestación «mínima e igual» en educación, sanidad y pensiones.

El documento, que se discutirá en el Consejo Territorial de julio, asegura que en materia de educación hay más «convergencia y equilibrio territorial» que lo contrario. Sin embargo, subraya que, en esta coyuntura económica, se ha incrementado la brecha entre lo que cada comunidad destina a sanidad y a políticas sociales. «La crisis ha puesto de manifiesto -arguye- que hoy deben llevarse a la Constitución líneas rojas que impidan rebajas en el contenido de esos derechos, complementando así el principio de estabilidad presupuestaria».

Esa frase alude a algo que el PSOE, y muy personalmente Alfredo Pérez Rubalcaba, arrastra como una losa desde agosto de 2011, cuando José Luis Rodríguez Zapatero, agobiado por una prima de riesgo desbocada, acordó con Mariano Rajoy una reforma constitucional exprés por la que se obliga a las administraciones a cerrar sus cuentas en equilibrio y a poner coto al gasto público. El jefe de la oposición nunca vio con buenos ojos esa decisión, que lastró su campaña a las generales. Su actual propuesta viene a ser una enmienda parcial, en sintonía con los postulados de la izquierda, con la que sacarse la espina.

El PSOE deja claro que su deseo de homogeneización se circunscribe a temas concretos. Sostiene que el desarrollo federal del Estado autonómico es compatible con las «diferencias en resultados» y que hay que «eliminar las connotaciones negativas asociadas a la existencia de heterogeneidad interterriorial». Ahora bien, de esa lectura salva, además del Estado de bienestar, a los tributos por donaciones y sucesiones.

Suelo impositivo

El partido argumenta que habría que establecer un suelo, idéntico para todas las comunidades, en estos dos impuestos cedidos a fin de «evitar la competencia a la baja» y la «progresiva desfiscalización» de las autonomías. Excluye de la lista el impuesto de patrimonio porque, como recuerda, ha propuesto su sustitución por un gravamen a la riqueza que quedaría configurado dentro del IRPF; por tanto, su capacidad normativa correspondería en exclusiva al Estado.

La propuesta de reforma territorial, inspirada en estados federales como Alemania y Austria, aborda también la supresión del Senado para su sustitución por una cámara que no sería de elección directa y estaría compuesta por miembros de los gobiernos autonómicos. Entre las que serán también más discutidas se encuentra la constitucionalización de un nuevo sistema de financiación autonómico.

Los socialistas renuncian, por el momento, al principio de ordinalidad reclamado por el PSC para evitar que su comunidad, y las demás, vean alterada su posición en el ranking de ingresos per cápita tras detraer su aportación al sistema, pero si apoyan que los mecanismos de nivelación financiera, los que aseguran los servicios básicos, esté vinculada al concepto de «esfuerzo fiscal similar».

El texto, coordinado por Ramón Jaúregui, también hace hincapié en la necesidad de dar más voz a las autonomías en la gobernación del Estado, en decisiones que puedan afectarles, nombramientos en órganos constitucionales e incluso estrategias de política económica. Entre otras cosas, propone que puedan tener algo que decir en la elaboración del cuadro macroeconómico anual elabora el Gobierno, con sus previsiones de recaudación, de gastos, de nivel de déficit o de paro.