El centro comercial El Plaza entra en concurso de acreedores

Ante la cantidad de deudas que acumula, la empresa que gestiona el centro comercial El Plaza (Fortius Partners) no ha tenido otra salida que formular un concurso de acreedores, reconociendo por tanto su insolvencia económica para afrontar la situación. Un proceso que ya ha sido aprobado y que de esta manera paraliza tanto embargos como acciones judiciales derivadas de impagos y otras operaciones similares, a la espera de crear una lista de deudores y prioridades de pagos.

Un procedimiento que no pone en duda el futuro del complejo, que se encuentra ubicado en el centro de San Fernando, ya que el juez concursal considera que el proyecto es viable. De hecho, desde la empresa que lo gestiona, de la que es titular el conocido empresario Agustín Huelva, se considera que en un año se pueda solventar el problema y ponerse al día en los pagos. Eso sí, lo que se ha pretendido es dar mayor tranquilidad a los acreedores siendo intervenidas sus cuentas por unos administradores concursales que se deben designar y cada decisión que se tome tendrá que tener su visto bueno. Pero se apuesta por el edificio por una razón muy sencilla, porque de sus 51 locales hay 40 cuyos operadores están al día de los pagos, y a los que no se les quiere perjudicar el negocio.

¿Cuál es el problema entonces? Pues según Agustín Huelva es que al centro comercial le deben más de lo que adeuda. Es decir, El Plaza reclama pagos por un valor superior al millón de euros mientras que tiene que hacer frente a unos impagos de 600.000 euros. Así que es la pescadilla que se muerde la cola y que pone en riesgo la viabilidad de este espacio. Todo ello cuando los precios de los alquileres han tenido que bajarse en los últimos años para adaptarse al nuevo mercado de la crisis, pero no hay rebajas en cuenta a los impuestos.

Huelva incide en el alto coste del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) al que tiene que hacer frente El Plaza. Unos 200.000 euros al año, que se convierten en una amenaza dentro del proceso que inicia con el objetivo de sanear sus cuentas. Hace tiempo que el empresario reclama la catalogación de utilidad pública para este centro, de modo que se pueda aprovechar de bonificaciones, sobre todo en el canon por la concesión municipal de los terrenos. Si se consiguiera sería más sencillo cuadrar números y asegurar su futuro. Un centro que desde la dirección se asegura que no corre peligro de cierre.