Fianzas de 410 millones para los detenidos en la 'operación Heracles'

La juez instructora de los ERE ha fijado fianzas civiles de 410 millones de euros para nueve imputados a raíz de la 'operación Heracles', que puso al descubierto el negocio de las sobrecomisiones para las empresas mediadoras que gestionaron las prejubilaciones.

La jueza Mercedes Alaya justifica las cantidades millonarias en que las pólizas de prejubilación se convirtieron en «un negocio enormemente rentable» para las mediadoras, que participaban en los expedientes elegidas arbitrariamente y a cambio gratificaron «de manera continuada» a distintos intervinientes en las mismas, como sindicatos, el conseguidor Juan Lanzas o miembros de la administración autonómica, como el director general de Trabajo de la Junta Javier Guerrero.

Así, a los tres directivos de Vitalia, la entidad que según las diligencias de la Guardia Civil tramitó el grueso de los expedientes de regulación de empleo y cobró hasta 21 millones de euros en sobrecomisiones, les impone una fianza de 111,7 millones de euros a cada uno. Se trata de Antonio Albarracín, María Vaqué y Eduardo Pascual.

Entre el resto de implicados que deberán responder con elevadas cantidades se encuentran el responsable de la entidad en Andalucía, Jesús Bordallo, con 15,2 millones de euros; la mujer de Antonio Albarracín, el delegado comercial de Vitalia en la comunidad, con cinco millones de euros, y los familiares del conseguidor Lanzas. En este caso, Alaya fija las fianzas civiles en 14,7 millones de euros para su esposa, Patrocinio Sierra, 'intrusa' en uno de los ERE, y 1,9 millones para el hermano de ésta, Ismael Sierra, testaferro en el entramado de sociedades levantado para blanquear el dinero de las sobrecomisiones.

En el auto, la juez vuelve a incidir en el papel esencial que juega Lanzas y su entorno familiar en la concesión de las tramitaciones a Vitalia. Así, le impone una fianza de 38 millones resultante de sumar un porcentaje de las pólizas en las que intermedió; el dinero cobrado por él y las personas a las que colocó como 'intrusos', entre ellos su mujer y dos cuñados, en uno de los ERE y las comisiones cobradas a través de su entramado societario. Asimismo, la juez ordena el bloqueo de once de sus fincas y de 22 propiedades de Albarracín.

Imputación

El sumario también revela que la Audiencia de Sevilla acordó a principios de año mantener la imputación en el caso ERE de Daniel Rivera, que fuera sucesor de Guerrero en la Dirección General de Trabajo de la Junta de Andalucía entre 2010 y 2012, es decir, ya durante la época en la que José Antonio Griñán era presidente. Rivera mantuvo las prácticas «irregulares» que se detectaron durante la etapa de Guerrero por lo que estima que «existen indicios suficientes para detectar la posible comisión de hechos delictivos» como prevaricación y malversación.

El auto hace referencia especialmente a la inclusión de 'intrusos' en las prejubilaciones y la concesión de al menos una ayuda directa a empresas, y apunta a que las diligencias de la Guardia Civil en torno al funcionamiento de la Dirección de Trabajo ponen de manifiesto que Rivera «conocía desde el principio de las irregularidades derivadas de la aplicación del procedimiento» de concesión de ayudas con cargo a la partida que Guerrero tachó de «fondo de reptiles».