Los vecinos de José Antonio exigen el cumplimiento del convenio con la Junta

Cuando en teoría quedan menos de seis meses para que terminen las obras de la promoción de viviendas que se levanta junto a la Ermita de Santa Clara, los vecinos de José Antonio han decidido movilizarse para recordar los compromisos sellados en su día con la Administración autonómica.

Los pisos en los que serán realojados son casi una realidad, sin embargo, las promesas políticas están lejos de serlo todavía. Y es que según cuentan los representantes vecinales, tras varias reuniones con el delegado territorial de Fomento y Vivienda, Manuel Cárdenas (IU), para concretar los realojos de los vecinos de José Antonio a los pisos de Santa Clara y las intervenciones sociales necesarias para que los nuevos inmuebles no se conviertan en un gueto, como ocurrió con la antigua Santa Clara, los resultados distan mucho de ser los esperados.

Los representantes vecinales, José Oliva y Elena Corzo, tal y como han informado a los propietarios en una asamblea celebrada recientemente, destacan las dificultades encontradas a la hora de intentar concretar el cumplimiento del convenio existente entre la Junta de Andalucía y los vecinos desde 2009.

Así, Oliva y Corzo destacan que entre las discrepancias se encuentran algunas propuestas realizadas por el Gobierno andaluz «que no se atienen a lo recogido» en el documento suscrito entre las partes, con la excusa de «que no hay dinero». Para los portavoces vecinales «dichas propuestas van en prejuicio de los vecinos y de la intervención integral que hay que realizar en el entorno de Santa Clara».

El acuerdo alcanzado en su día con la Junta de Andalucía contemplaba la expropiación de las actuales viviendas localizadas en José Antonio, tasadas cada una de ellas en 43.660,80 euros, cantidad que sería entregada a modo de entrada para los nuevos pisos. A partir de ahí, quedaría luego pendiente el pago del resto del valor de la nueva vivienda, importe que será asumido por los propietarios.

El convenio también recoge, según expresa José Oliva, que «debido a la precariedad económica de los vecinos, una vez realizadas las expropiaciones de las personas que se van a trasladar a Santa Clara, se pueda cobrar en metálico al menos una parte de su precio para poder hacer frente a los gastos que ocasiona el cambio de vivienda».

Igualmente, se contempla la necesidad de acometer intervenciones sociales que den respuesta a los problemas de tipo socio-económico que viven los vecinos y el entorno donde se han ubicado los nuevos pisos, próximos a la barriada José Antonio, una zona de alta conflictividad social que tiene en las drogas su principal razón de ser.

En este contexto, Elena Corzo manifiesta que los vecinos «están preocupados por la forma en la que se va a hacer el traslado a las nuevas viviendas», ya que lo que se quieren son « garantías de una adecuada convivencia y que no se vuelvan a vivir situaciones de conflictividad social». Muchos vecinos manifestaron en la asamblea que están temerosos de que estos nuevos «ladrillos y muros hagan que nuestros políticos no vean la cruda realidad que azota este barrio y que venimos padeciendo desde hace más de 10 años».

A pesar de que hay quien considera que a estas altura de la película y después de todo lo que venimos padeciendo «lo más justo sería sólo el cambio de vivienda por vivienda», los vecinos se resignan a tener que hacer frente a la renta de los nuevos pisos.

Elena Corzo recuerda que «nosotros sí sabemos valorar, porque las hemos padecido, las malas gestiones de las administraciones, la dejadez, el olvido, la humillación y la marginación a la que ha sido sometido nuestro barrio».

A la espera de un cambio de actitud por parte de la Junta, los afectados dicen que «vamos a seguir luchando para que los políticos cumplan lo firmado».