Una cesárea salva la vida de Beatriz

Beatriz salvó ayer su vida. Los médicos salvadoreños practicaron finalmente la cesárea a la joven, que ya presentaba síntomas de parto, sabiendo que era inviable salvar a su hijo. Ahora se recupera en el hospital, dado que el lupus y las lesiones renales que padece podrían complicar el postoperatorio. Beatriz, de 22 años, es un «símbolo en el mundo», según destacó ayer la ministra de Sanidad salvadoreña, María Isabel Rodríguez. Su agónica situación traspasó fronteras y provocó el clamor internacional: el Gobierno de su país prohíbe el aborto y ella tenía, por necesidad, que someterse a una interrupción de embarazo para sobrevivir a un parto que no iba a buen término.

Los médicos de la Maternidad en San Salvador tomaron la decisión de realizar la cesárea, dado que había muchas posibilidades de que al realizar un alumbramiento ordinario la madre sufriera la rotura del útero. La niña que llevaba dentro nació sin cerebro (anencefálica) además de presenta numerosas afecciones físicas y orgánicas. Pese a todo, los médicos consiguieron que se mantuviera con vida durante cinco largas horas.

El caso de Beatriz fue tomado como bandera por los colectivos sociales de El Salvador y otros países para reivindicar la práctica del aborto por motivos terapéuticos. Si la Justicia del país centroamericano hubiese descubierto que la joven había abortado, se hubieran expuesto, tanto ella como los facultativos, a penas de cárcel. Hace una semana, la Corte Suprema salvadoreña dictaminó, por cuatro votos a uno, denegar el amparo a una joven para someterse a un aborto terapéutico, a pesar de la probabilidad de que el feto pudiera fallecer antes o poco después del nacimiento debido a una deficiencia cerebral, como finalmente sucedió.

Al final, el único apoyo institucional de Beatriz dentro de su país lo recibió de la ministra de Sanidad, que, pese a todo, defendió la cesárea para evitar la muerte de la joven como una decisión «racional, adecuada y justa». Y es que el caso de Beatriz ha llegado a la Sala Constitucional de la Corte Suprema, donde su abogado solicitó el amparo para que le fuera practicada a la joven el aborto terapéutico.

Según dijo su letrado, Dennis Muñoz, «lo principal era defender el derecho a la salud y a la vida digna» de su patrocinada, algo que «en un país como El Salvador y en la situación en la que ella estaba solo pueden permitírselo las mujeres con recursos, que interrumpen sus embarazos en el extranjero».

Tortura y condena

Sin embargo, para la Agrupación para la Despenalización del Aborto de El Salvador, «es tremendo que la obligaran a llegar a estas alturas por una criatura inviable. Es una injusticia tremenda someter a la mujer a este nivel de tortura». Según su portavoz, Morena Herrera, la presión que ha soportado la joven desde los colectivos médicos, antiabortistas y católicos le ha causado un «sufrimiento del que ahora tendrá que preponerse».

La precaria situación de Beatriz llegó hasta Naciones Unidas, que pidió al Gobierno de San Salvador que estudiara una modificación en su legislación penal sobre el aborto, para que contemplara casos como el de Beatriz, en los que peligra la vida de la madre y la supervivencia del hijo. Además, un grupo de expertos independientes de la ONU exhortó ayer al Gobierno de El Salvador a que reconsidere la legislación sobre el aborto, informó un comunicado del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Los expertos condenaron enérgicamente la decisión de la Sala Constitucional, porque su decisión «expuso la salud física y mental de Beatriz a un grave riesgo, lo que eventualmente podría poner en peligro su vida». Para los expertos de la ONU sobre el derecho a la salud, la tortura y la discriminación y la violencia contra las mujeres, Anand Grover, Juan E. Méndez, Kamala Chandrakirana y Rashida Manjoo, la decisión del tribunal «está en clara contradicción con las obligaciones de derechos humanos de El Salvador, entre otros el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que reconoce el derecho al más alto nivel posible de salud física y mental».