El juicio contra las ONG en Egipto tensa la cuerda con EE UU

La transición egipcia está llena de juicios polémicos, pero pocos con el sesgo político que ha arrastrado el proceso contra las ONG extranjeras, que ayer se saldó con 43 trabajadores de derechos humanos condenados a penas de prisión. Un tribunal egipcio dictaminó que estas organizaciones se habían financiado de manera ilegal y habían llevado a cabo actividades ilícitas, por lo que sus empleados, entre los que hay una treintena de extranjeros, fueron condenados a penas de entre uno y cinco años de prisión. El juicio, que se inició el año pasado, ha sido motivo de la peor crisis diplomática entre Estados Unidos y Egipto de las últimas décadas.

El veredicto siembra ahora serias dudas sobre la independencia de los grupos de sociedad civil en Egipto, que actualmente debate una nueva ley sobre ONG que ha sido ferozmente criticada por defensores de los derechos humanos. Y también añade más tensión a la ya delicada relación del Gobierno con Estados Unidos, su mayor donante, que otorga anualmente más de 1.300 millones de dólares (994 millones de euros) al país del Nilo. Washington se ha mostrado «profundamente preocupado» por el veredicto de lo que consideran un juicio «políticamente motivado» que es «incompatible con una transición democrática», señaló ayer el secretario de Estado, John Kerry, en un comunicado.

De los acusados, 27 fueron condenados ayer en rebeldía a penas de 5 años de cárcel. Otras once personas recibieron sentencias de un año, aunque el tribunal ha ordenado la suspensión condicional de la pena y otras cinco fueron condenadas a dos años de cárcel. Los abogados de los acusados ya han anunciado que piensan apelar la condena.

El caso de las ONG extranjeras se inició en diciembre de 2011, cuando la policía egipcia, fuertemente armada, irrumpió en la sede de 17 organizaciones en El Cairo y se incautó de documentación y ordenadores. Entre las instituciones se encontraban fundaciones como la alemana Konrad Adenauer o los institutos estadounidenses vinculados al Partido Demócrata y al Republicano, además de Freedom House.

Poco después se anunció la imputación de 43 empleados de estas ONG, bajo la acusación de que trabajaban sin licencia y de que recibían del extranjero financiación ilegal. La mayor parte de los trabajadores, entre los que hay egipcios, estadounidenses (uno de ellos es Sam Lahood, hijo del secretario de Transportes de EE UU), alemanes o noruegos, se enteraron por televisión de que estaban imputados en el juicio.

Teorías conspiratorias

La junta militar gobernaba por aquel entonces Egipto y en varias ocasiones había sacado a relucir teorías sobre supuestas «conspiraciones extranjeras» para explicar la inestabilidad social que reinaba en las calles del país. Estas teorías ayudaron a sembrar la semilla de la xenofobia en Egipto, que se ha exacerbado en los últimos dos años. El juicio «ha sido parte de una campaña liderada por la junta militar contra las ONG que revelaron violaciones de los derechos humanos contra activistas que se opusieron al Gobierno militar», denunciaba ayer la Red Egipcia para la Información de los Derechos Humanos, una de las ONG más prestigiosas del país.

El acoso a estas organizaciones se llevó a cabo bajo las instrucciones de la entonces ministra de Cooperación Internacional Faiza Abul Naga, una superviviente del régimen de Mubarak que al parecer se enfureció al conocer que USAID, la agencia estadounidense de cooperación, pensaba repartir los 65 millones de dólares (48 millones de euros) que destinaría a Egipto ese año directamente entre las ONG, puenteando a su ministerio.

En su momento, Washington amenazó con retirar la ayuda anual que destina a Egipto, a lo que El Cairo respondió levantando la prohibición de volar que pendía sobre los acusados. Todos los extranjeros menos un estadounidense abandonaron el país después de pagar multas de 2 millones de libras (unos 250.000 euros) cada uno.

La nueva ley de ONG, que se debate en el Consejo de la Shura, ha sido denunciada por Human Rights Watch y otras cuarenta organizaciones egipcias porque aseguran que limita la independencia de su trabajo y su financiación.