Las universidades acuden a Hacienda para cobrar una deuda de 1.500 millones

Los problemas de financiación de las universidades españolas se agravan cada vez más. A la reducción de la partida presupuestaria se suman los 1.500 millones de euros que las comunidades autónomas les adeudan. Tras varios años con el cinturón apretado en el apartado de gastos -sin realizar ninguna infraestructura nueva, la tasa de reposición de la plantilla casi en cero, la inversión en I+D bajo mínimos y con problemas incluso para renovar algún material docente- la situación se ha vuelto insostenible.

Los rectores reconocen la «urgencia» de cobrar la deuda para evitar la «asfixia económica». Por eso han reclamado al Ministerio de Hacienda ser incluidas en el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Es decir, que las comunidades autónomas abonen lo adeudado con el dinero de ese fondo.

«Hemos realizado una petición formal al Ministerio de Hacienda para que se incluyan las deudas que las comunidades tienen con las universidades en el FLA», asegura Manuel Parras, presidente de la comisión sectorial de la mesa de Gerentes de la CRUE y rector de la Universidad de Jaén. En su opinión, las universidades tienen que ser consideradas como unos proveedores más, ya que ofrecen un servicio público de enseñanza superior.

Sin embargo, los problemas de financiación, sobre todo a partir de 2010 (año de los primeros recortes gubernamentales), repercuten en la calidad impartida. «Hemos paralizado toda infraestructura. También el equipamiento científico. Y sin recursos no podemos atenuar el impacto brutal de la menor inversión de la administración en investigación», lamenta Parra, quien ve emigrar cada año a jóvenes promesas en lo que denomina una «diáspora del talento» a terceros países.

Para buscar una solución, la Confederación de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE)remitió una carta al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en la que solicitaron que las universidades fueran consideradas proveedores y así poder cobrar su deuda. La respuesta del Gobierno llegó en una misiva que los rectores tachan de «ambigua» y «nada clarificadora». El Ministerio asegura en esa carta «entender» la petición aunque reconoce que hasta ahora «no ha podido materializarse».

Además, afirma que para tratar de «paliar la situación» en la siguiente fase del plan de proveedores «previsiblemente» se va a incluir una transferencia de pago a las universidades. «Nosotros no queremos un previsiblemente, sino que se incluyan», advierte Parra.

Círculo vicioso

Lo que sí les ha pedido el Gobierno es una lista de las deudas que las universidades tienen contraídas con sus proveedores. Y es que la falta de liquidez de las universidades también tiene una importante repercusión en ese sentido. Por ejemplo, provoca un retraso en el pago de los centros superiores a sus propios proveedores, con el consiguiente impacto negativo en dichos empleos. Para evitar ese círculo vicioso, los rectores reclaman al Gobierno que mueva ficha «urgentemente».

De lo contrario, según Parra, seguirán insistiendo directamente a las comunidades autónomas para que abonen, al menos, parte de esa deuda en lo relacionado con las necesidades básicas. Es decir, pago a proveedores, sueldo de la plantilla y mantenimiento de la investigación. «Lo que pedimos es básico, somos conscientes de que hay una gran crisis», explica el rector de la Universidad de Jaén.

Por su parte, desde el Ministerio de Hacienda recuerdan que se está elaborando la tercera fase del plan de pago a proveedores, donde podrían ser incluidas las universidades, como ya se han incorporado las deudas de las comunidades con los ayuntamientos. La idea del Ejecutivo es que ese plan esté aprobado en junio. Además, fuentes del departamento que dirige Cristóbal Montoro insisten en que los mecanismos actuales del FLA obligan a las comunidades autónomas que recurran a su financiación (por la imposibilidad de acudir a los mercados) a priorizar esos recursos en sanidad, educación y servicios sociales. Es decir, las comunidades podrían computar la deuda con las universidades como financiación prioritaria destinada a educación. Algo que hasta ahora no han hecho. Por eso el objetivo de la CRUE es que ese reconocimiento de las obligaciones de pago no efectuadas no sea voluntario, sino obligado.