La Audiencia ve «evidentes» indicios de la supuesta implicación del PP en 'Gürtel'

La Audiencia Nacional ratificó ayer la decisión del juez instructor del 'caso Gürtel', Pablo Ruz, de expulsar al PP como acusación popular del proceso por las evidentes «contradicciones» en su acción judicial. En un auto muy duro, la Sala de lo Penal rechazó el recurso de los populares tras recordarles que han actuado más como defensores de imputados, caso de Luis Bárcenas, que como parte acusadora.

Asimismo, el tribunal lanzó un torpedo en la línea de flotación de la defensa del PP al asegurar rodeos que «existen evidentes indicios de su presunta implicación de los hechos investigados, ya sea por el cauce de la responsabilidad civil subsidiaria o por la vía de la participación a título lucrativo» del 'caso Gürtel'.

La incriminación de los populares no solo existe en la pieza separada referida a los 'papeles de Bárcenas', la supuesta contabilidad secreta del PP, sino también a la causa principal en la que se investiga a la trama corrupta liderada por Francisco Correa, en la que se han acreditado pagos a exdirigentes del partido a cambio de adjudicar contratos a las empresas de la trama corrupta, bien mediante concursos amañados o a dedo.

La resolución fue dictada por la sección cuarta de la Sala de lo Penal, presidida por Ángela Murillo y cuyo ponente ha sido el magistrado Juan Francisco Martel. Sus argumentos no dejan lugar a la duda y carga con dureza contra el recurso de los populares tras la decisión del juez Ruz de expulsarles de la causa, donde han permanecido como acusación popular durante casi cuatro años.

En ese escrito, el abogado del PP Alexis Godoy tachó el auto de Ruz de «sorprendente, injusto, inexplicable y gravemente perjudicial» para sus intereses, ya que el instructor les impidió actuar en un primer momento en la pieza de los papeles de Bárcenas por su condición de parte investigadora e investigada. Una condición que también extendió a la causa principal de 'Gürtel'.

El letrado argumentó que se trataba de un «absoluto sarcasmo» y llegaron a asegurar que la decisión de su expulsión estaba ya «preordenada». Para los populares supuso una denegación de derechos «arbitraria e injustificada», adoptada «de forma inaudita, carente de la más mínima motivación coherente y ajustada a derecho» porque «no se apoya en precepto legal alguno».

Martel contestó a estos epítetos con una censura a la incontinencia expresiva del recurrente en una apelación «muy desdibujada». «Expresiones como sorprendente, injusta, incomprensible, arbitraria e inverosímil para aludir a la decisión judicial combatida constituyen un innecesario exceso que no debe encontrar amparo en el ejercicio del derecho de defensa», criticó.

Incongruente

El magistrado de la Sala de lo Penal recordó a la defensa del PP sus cambios de postura con respecto a algunos imputados como Bárcenas, su mujer Rosalía Iglesias y el exdiputado nacional Jesús Merino. Detalló que en un principio pidieron el sobreseimiento de la causa para los tres acusados cuando estaba en el Tribunal Superior de Madrid. Luego no apoyaron su nueva imputación cuando el caso regresó a la Audiencia Nacional. Y a última hora sí mostraron una actitud más activa, propia de toda acusación de un proceso, cuando se conoció la fortuna escondida por Bárcenas en Suiza.

Por todo ello el magistrado alegó «que su cometido en el procedimiento no ha sido plenamente congruente con el verdadero ejercicio de la acusación popular, pues más bien corresponde a una auténtica parte coadyuvante en la defensa de los tres imputados».

Asimismo, criticó su «tibia postura» cuando se celebró la vistilla en la que se le impusieron las medidas cautelares al extesorero popular -comparecencias quincenales, retirada de pasaporte y prohibición de salir del territorio nacional-, puesto que el abogado del PP se posicionó con lo que decidiera la Fiscalía, sin ofrecer una petición propia como el resto de las acusaciones. En la práctica, la salida del caso supone que los populares no podrán acceder al sumario, como mal menor. En el otro extremo, la posible responsabilidad penal en los hechos investigados.