Comprar viviendas en España no dará derecho a trabajo, sanidad ni educación

Ni trabajo, ni acceso a la sanidad pública ni a la escolarización de los hijos. Los extranjeros que decidan invertir en España al menos 500.000 euros en la compra de viviendas, edificios, locales, hoteles, terrenos o cualesquiera otros bienes inmuebles no tendrán derecho a trabajar ni a beneficiarse de ningún tipo de prestaciones públicas. Tan solo recibirán un permiso de residencia válido por dos años, que les evitará el trastorno de tener que abandonar el país cada noventa días y acudir a un consulado para renovar sus visados turísticos.

El Ministerio de Economía despejó ayer algunas dudas en torno al uso que el Gobierno quiere hacer del acceso a la residencia en España como cebo para atraer inversiones extranjeras. Una estrategia que ha incluido en la nueva Ley de Emprendedores y que podría resumirse en la máxima de que podrá vivir en el país quien tenga dinero y lo traiga, ya sea para gastar en el mercado inmobiliario, para comprar deuda pública o invertir.

Sin embargo, las fuentes consultadas del Ministerio de Economía subrayaron que los extranjeros que decidan venir atraídos por este gancho deberán conformarse con disfrutar de las bondades del clima y la hospitalidad de la población. El proyecto del Ejecutivo no contempla a estos inversores como potenciales beneficiarios de ningún derecho de tipo social. No tendrán permiso de trabajo y si van al médico o quieren mandar a sus niños al colegio tendrán que abonar la factura.

El Ejecutivo busca con esta reforma «equiparar» la política española en ese terreno con la que aplican «con éxito» otros estados europeos como Francia, Italia, Reino Unido y Portugal, explicaron estas fuentes. Se trata únicamente de atraer capital. El objetivo son las personas adineradas de fuera de la UE -especialmente de países emergentes como Rusia y China- que buscan un destino atractivo para su dinero. Quienes decidan acogerse a estas facilidades deberán aportar garantías y someterse a los controles del Ministerio del Interior (que verificará, por ejemplo, la ausencia de antecedentes penales o que no se trata de personas con cuentas pendientes con la justicia o sobre las que pesa una orden internacional de detención).

Mantener la inversión

El permiso de residencia obtenido por esta vía podrá renovarse cada dos años, siempre que el demandante mantenga la inversión: medio millón de euros en el mercado inmobiliario o dos millones en deuda pública española (y no un millón, como anunció el Ejecutivo el día en que explicó el anteproyecto de ley).

En el caso de inmuebles, los 500.000 euros no tienen que ser gastados en una única vivienda. El interesado puede adquirir varias casas, negocios o incluso terrenos de cuantía inferior. Obtendrá la residencia siempre y cuando la suma de su inversión supere la cuantía establecida. La ley de emprendedores también amplía a los locales comerciales de más de 500 metros cuadrados la denominada 'licencia exprés' para abrir comercios. Ese mecanismo, que en puridad supone eliminar la antigua obligación de solicitar una licencia previa de apertura al ayuntamiento, permite a los emprendedores ahorrar tiempo y burocracia en los trámites previos al inicio de su actividad. En vez de pedir permiso al consistorio, basta una declaración responsable y un informe técnico que certifique el cumplimiento de los requisitos que establecen las leyes y ordenanzas municipales.

Cuando el Ejecutivo introdujo esta novedad, hace un año, fijó en 300 metros cuadrados la superfice máxima de los negocios susceptibles de acogerse a ella. Ahora el Ministerio de Economía ha decidido ampliarla a locales de 500 metros, y aumentar también la lista de actividades que pueden beneficiarse. En adelante también podrán acogerse a ella las Industrias del textil, artes gráficas y papel, joyerías, supermercados (hasta 500 metros cuadrados), galerías de arte, servicios jurídicos y financieros, gestorías, academias de enseñanza, espectáculos y museos, agencias de servicios y funerarias, entre otras.

La gran excepción seguirán siendo las actividades de hostelería. También quedan excluidas las farmacias (por ser un sector regulado) y los establecimientos que, por razón de sus productos, exijan autorización previa (como las tiendas de armas y de animales).