El Constitucional retornará en días a manos conservadoras después de casi una década

El Tribunal Constitucional volverá a estar controlado a partir de esta semana por una mayoría conservadora después de nueve años en los que, con mayor o menor intensidad según las sucesivas composiciones, el pleno de la institución siempre contó con un sesgo progresista.

El vuelco en las mayorías de la corte se producirá gracias a la renovación de los cuatro magistrados que agotan su mandato el 9 de junio, de los que el Consejo General del Poder Judicial tiene que cambiar a dos -posiblemente en su reunión plenaria del jueves- y el Gobierno tiene que designar a los otros dos, nombramientos que podrían producirse en el encuentro del Consejo de Ministros del viernes.

La previsión es que del Constitucional salgan tres miembros del sector progresista -Pascual Sala, Pablo Pérez Tremps y Manuel Aragón- y uno del conservador -Ramón Rodríguez Arribas- y, por contra, que el Ejecutivo designe a dos juristas de reconocido prestigio conservadores y el CGPJ a uno de cada tendencia.

Si el relevo sigue el guion esperado, el día que se constituya el nuevo pleno del tribunal, a lo largo de este mes, la institución tendrá una clara mayoría de miembros de extracción conservadora (7 a 5), la misma proporción con que desde la anterior renovación, que se produjo hace un año, contaban los magistrados progresistas.

La última etapa en la que los conservadores tuvieron el control a priori del pleno fue el invierno de 2004, justo antes de la victoria electoral de José Luis Rodríguez Zapatero, proporción que pasó a empate a seis, pero con una presidenta progresista (María Emilia Casas) con voto de desempate, en junio de hace nueve años.

Tópicos confirmados

Las etiquetas de los magistrados del tribunal, al menos hasta ahora, han sido algo más que un simple tópico como se demostró a la hora de resolver en la última década asuntos de alto componente político, que fracturaron en dos a una corte que se decantó por la mínima del lado de los progresistas.

Así ocurrió con la resolución que hace dos años permitió que la izquierda abertzale retornase a las instituciones locales con las listas de Bildu, con la sentencia que el año pasado posibilitó al mismo colectivo político registrar un nuevo partido legal (Sortu), con el fallo que declaró constitucional en noviembre pasado el matrimonio homosexual, y, en menor medida, ya que hubo un apoyo conservador, con el que dictaminó, en 2010, que la mayor parte del contenido del nuevo Estatuto de Cataluña era legal.

Si el hábito de las adhesiones por bloques ideológicos en los temas con más alto componente político no varía en el nuevo tribunal, el vuelco del lado conservador puede ser determinante en varios de los asuntos de mayor peso que están en espera de resolución y en las futuras resoluciones que tendrá que adoptar sobre la senda soberanista de las instituciones catalanas.

En esta lista estarían sin duda el recurso de inconstitucionalidad del PP contra la ley de plazos para la interrupción voluntaria del embarazo, la impugnación del Ejecutivo de la declaración catalana de soberanía, o los recursos contra numerosas decisiones del actual Gobierno como la amnistía fiscal, la reforma laboral, las tasas judiciales, la retirada de prestaciones sanitarias a inmigrantes ilegales, la supresión en 2012 de la paga extra de Navidad a los funcionarios, o la constitucionalidad de la futura reforma educativa, si el PSOE cumple su amenaza.

También parece seguro que otra decisión que tendrá que tomar la nueva mayoría será confirmar o revocar la condena del Supremo de seis años y medio de cárcel a Arnaldo Otegi por el intento de refundar Batasuna a través de 'Bateragune'.