ESPAÑA

El mayo infernal de Mariano Rajoy

El líder del PP ha tenido que lidiar este mes con el motín de sus barones, el amago de Aznar y la instrucción del 'caso Gürtel-Bárcenas'

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A las pocas semanas de tomar posesión de su despacho en la Moncloa, Mariano Rajoy advirtió a sus correligionarios de que llegaban «malos tiempos» para el partido tras un 2011 glorioso. El PP barrió al PSOE en los comicios autonómicos, municipales y generales que se celebraron ese año.

Rajoy era consciente del desgaste que iba a sufrir su Gobierno tras aprobar un severo plan de reformas estructurales y recortes con la única intención de evitar el rescate de la economía española. De hecho, según el CIS, el líder de los populares ha caído 10,6 puntos en intención de voto desde las elecciones de noviembre de 2011 y el 85% de los ciudadanos tienen poca o ninguna confianza en él (más del 60 % entre sus propios votantes).

Un revés que, pese a su gravedad, entraba dentro del guion de un Rajoy muy aliviado porque el PSOE, lejos de levantar cabeza, mantiene su descenso hasta su particular averno electoral.

Lo que tal vez no entrara en los cálculos del presidente del Gobierno es este mayo infernal que le ha tocado vivir. La crónica de estos 30 días narra cómo Rajoy ha tenido que mediar en una disputa pública sin precedentes entre los barones territoriales del PP a cuenta del reparto del déficit autonómico. Un estallido que se convirtió en apenas una anécdota tras la inopinada irrupción de José María Aznar en escena para amagar con su regreso a primera línea política y, lo que tal vez más ha escocido en Génova, leerle la cartilla a su sucesor ante las reiteradas promesas incumplidas, en especial, por no bajar los impuestos.

La calculada ambigüedad del jefe del Ejecutivo también le sirvió para justificar las negras previsiones macroeconómicas que envió a la Comisión Europea. En especial, el temblor que provocó entre sus seguidores saber que el actual Ejecutivo no preveía crear empleo neto durante la legislatura y que, pese a la ilusión que vendió desde la oposición, iba a empeorar la tasa de desempleo que dejó José Luis Rodríguez Zapatero.

Aderezo judicial

Un cóctel explosivo que, a su pesar, aún iba a completarse en esta última semana con un agrio aderezo judicial. «Una voladura controlada». Así define un portavoz de la dirección del PP las declaraciones de empresarios que habrían donado al partido más once millones de euros en diez años, según se desprende de las anotaciones de Luis Bárcenas en la supuesta contabilidad B que investiga el juez Pablo Ruz. En Génova, tras conocerse los datos aportados por los imputados, respiraban con cierta tranquilidad ante la ausencia de datos sorpresivos: «Se ha demostrado que las donaciones eran legales y que es más, esos mismos empresarios también aportaron dinero a las campañas de otros partidos políticos y de los principales sindicatos del país».

En la sede del partido también se mostraron satisfechos porque, a su juicio, la declaración de estos empresarios ponían en entredicho la veracidad de los 'papeles de Bárcenas'. Los populares estaban preparados para esta tormenta, sobre todo después de que la tesorera del PP, Carmen Navarro, explicase a la cúpula popular los pormenores de estas entregas «perfectamente reflejadas en la contabilidad A del partido, que ha sido fiscalizada por el Tribunal de Cuentas».

Pero el pasado jueves los nubarrones volvieron a instalarse en Génova. El juez José Castro, que instruye la investigaciones sobre la presunta actividad ilícita de Iñaqui Urdangarin, encontró indicios para que el Tribunal Superior de Valencia imputase en el denominado 'caso Nóos' a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá y al diputado autonómico y expresidente de la Generalitat Francisco Camps.

De momento, Rajoy impone la ley del silencio entre ministros y máximos dirigentes del PP, que apenas responden con frases hechas tipo «es un asunto judicializado» o «respetamos a la justicia». Un silencio que, a tenor de las últimas decisiones del juez Ruz, puede tener fecha de caducidad, después de que el instructor haya vuelto a la carga con una batería de peticiones a la tesorera del partido: entre ellas la cuenta de «gastos de representación» cobrados por sus dirigentes.