Ruz exige al PP la cuenta de sobresueldos de sus dirigentes de los últimos ocho años

La revelación ante el juez del presidente del Senado, Pío García Escudero, y del diputado Eugenio Nasarre de que cobraban sobresueldos del PP además de su nóminas como parlamentarios tuvo la primera consecuencia práctica en la causa de los 'papeles de Bárcenas', la supuesta contabilidad secreta del partido.

El instructor de la Audiencia Nacional Pablo Ruz admitió ayer una batería de diligencias propuestas por la Fiscalía Anticorrupción, entre ellas la petición a la tesorería del PP de la cuenta de «gastos de representación» pagados a sus dirigentes desde 2004 hasta 2012, el soporte documental, las transferencias bancarias y las anotaciones contables acreditativas de dichos pagos.

La diligencia llega después de que en la ronda testifical del pasado 20 de mayo Nasarre admitiera que su partido le pagó sobresueldos -él los llamó «pagos complementarios»- de 1.800 euros al mes entre 2000 y 2004 por sus «responsabilidades internas» en el partido. Unos pagos que estaban «estandarizados» y que también reveló García Escudero, aunque en su caso casi multiplicados por tres.

El presidente del Senado declaró que cobró un sobresueldo de 4.200 euros en 14 pagas anuales entre 1999 y 2003, unos 3.300 euros por su condición de portavoz del grupo parlamentario en el Senado y presidente del PP de Madrid y los 900 restantes fueron como «gastos de representación».

Ambos cargos reconocieron al juez Ruz que estos sobresueldos los recibían por transferencia bancaria y con retenciones fiscales y de Seguridad Social. Ello, pese a lo discutible que es que los diputados y senadores perciban otros sueldos que el de la cámara en la que ejercen su representación.

Sin embargo, una de las acusaciones no las tiene todas consigo. Antonio Segura, que representa a la Asociación Libre de Abogados, manifestó que el juez ya tiene la contabilidad oficial del partido y que esos pagos no aparecen, por lo que «parece una pesquisa destinada al beneficio de las defensas».

Cuentas regionales

En la misma diligencia se pide a la tesorera popular, Carmen Navarro, los libros de contabilidad de seis sedes regionales del partido correspondientes a diversos ejercicios. Galicia (1997, 1998 y 1999), Málaga (1998 a 2001 y 2004 a 2007), Cantabria (2004, 2007 y 2008), Sevilla (2004 y 2008), La Rioja (2008) y Cataluña (2007).

El fiscal reclama estas cuentas porque la dirección nacional del PP no remitió al juzgado la contabilidad consolidada de la sede central con las de sus sedes territoriales y tampoco la tiene el Tribunal de Cuentas. Asimismo, fuentes de la investigación afirmaron que los ejercicios solicitados atienden a anotaciones de empresarios en los 'papeles de Bárcenas' y la concesión de obras públicas por parte de los gobiernos populares.

Llama la atención otra de las pesquisas admitidas. Se trata de la petición al encargado de la seguridad de la sede nacional, en la calle Génova de Madrid, del registro de entrada entre 2001 y 2008 de ocho de los empresarios imputados. Todos salvo Pablo Crespo, exsecretario de organización del PP gallego.

Se busca saber cuándo y con qué dirigente popular se reunieron Luis del Rivero (Sacyr), José María Mayor Oreja (FCC) o Juan Miguel Villar Mir (OHL). Del resultado de esta diligencia, empero, poco esperan las acusaciones. Recuerdan que la propio defensa de Villar Mir ya pidió este registro al juez para exculpar a su cliente y advierten de que el PP no tiene por qué tener este control, ya que Génova 13 no es un edificio público. Ruz también envió a la Agencia Tributaria dos oficios: uno para recabar información sobre los cobros y pagos realizados por terceros al PP desde 1990 a 2005, lo que incluye un listado de 30 empresas (OHL, Sacyr, FCC, Copasa, Rubau, Urazca, Sedesa, Copisa, Mercadona o Bruesa) y otro con la declaración del Impuesto de Sociedades que los populares presentaron en los ejercicios de 2007 y 2008.