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Pascual Sala arremete contra el Parlamento en su despedida del Constitucional
Propone que los mandatos de los jueces excedan en duración al de los poderes políticos para evitar bloqueos en su renovación
MADRID. Actualizado: GuardarSe marcha con una defensa cerrada de la independencia del Tribunal Constitucional y sin ahorrar críticas al bloqueo del Parlamento propiciado por la falta de entendimiento entre PP y PSOE que ha impedido durante años la normal renovación de los doce miembros que lo componen.
Pascual Sala imitó a su predecesora al frente del Constitucional, María Emilia Casas, y en un duro discurso con sabor a despedida, en apenas un mes dejará su cargo si se cumplen los plazos previstos, censuró el bloqueo político que ha llevado a incumplir el mandato constitucional que establece que los magistrados sean relevados en cupos de cuatro cada tres años. Debido a la falta de entendimiento entre las dos principales fuerzas políticas en el Congreso y Senado, dijo, en los últimos tres años se produjeron tres renovaciones y en los seis anteriores, ninguna, con lo que eso supone para normal funcionamiento del tribunal.
«Se trata de un incumplimiento flagrante de la Constitución», insistió Sala durante la presentación de la memoria de actividad de la institución en 2012. Para evitar que estas situaciones de bloqueo se repitan, el magistrado instó a otorgar a los miembros de la corte «un mandato considerablemente más largo que el de los órganos constitucionales proponentes», en referencia al Gobierno, Congreso, Senado y Consejo General del Poder Judicial. La actual situación, prosiguió, da lugar a demoras injustificadas de la actividad del día a día.
A pesar del peso de los partidos en la designación de los magistrados del Tribunal Constitucional, de los doce, ocho son propuestos por Congreso y Senado, dos por el Ejecutivo y los dos restantes por el Poder Judicial, el presidente de la corte resaltó la independencia que caracteriza a sus miembros «pasados, presentes y futuro». «Este es efectivamente un órgano independiente, no se trata de un tribunal político ni politizado», afirmó antes de insistir en que el tribunal «cumple su función con arreglo a criterios estrictamente jurídico-constitucionales y no de conveniencia u oportunidad políticas».
Durante su comparecencia Sala eludió en todo momento referirse a procesos aún en fase tramitación, como el de la declaración soberanista del Parlamento de Cataluña a instancias de Generalitat. Sí dejó entrever su posición en torno a la posibilidad de que los jueces puedan intervenir la publicación de un medio de comunicación que afecte a casos bajo secreto de sumario, como contempla el borrador de la ley de enjuiciamiento criminal elaborado por un comité de expertos. Sala destacó con orgullo que el Tribunal Constitucional español es en el mundo el que con más ahínco ha defendido la libertad de expresión. «Con eso creo que queda todo dicho», defendió.
7.294 asuntos
Según desgranó ayer el presidente del Tribunal Constitucional, en 2012 se registró la entrada de 7.294 asuntos jurisdiccionales, 102 más que el año anterior. La mayoría de ellos, 7.205 casos, correspondieron a peticiones por parte de ciudadanos de amparo de sus derechos fundamentales.
Además, el Estado impugnó nueve leyes autonómicas y presentó cuatro recursos por conflictos de competencias. Las comunidades autónomas presentaron 20 recursos de inconstitucionalidad contra normas del Estado y cuatro conflictos de competencia contra disposiciones de la administración central. Por último, se recibieron siete recursos de inconstitucionalidad presentados por diputados y senadores y las 42 cuestiones planteadas por los tribunales de justicia respecto de leyes que se ven llamados a aplicar en los procesos que presiden.