La Iglesia Católica se encamina hacia la integración en la norma

Una de las incógnitas principales que despejarán las negociaciones del trámite de enmiendas, que ocupará al Congreso entre junio y julio, es la fórmula exacta que permitirá determinar qué entidades, organismos o asociaciones privadas de todo tipo quedan vinculadas a las obligaciones de publicidad de actividades y cuentas de la ley de transparencia por recibir una financiación muy relevante de las arcas públicas.

Las principales opciones que se barajan son incluir a todas las que superen un porcentaje concreto en su presupuesto de financiación de las administraciones o a las que reciban una cantidad de euros superior que a la que se fije, e incluso a las que cumplan una u otra condición. No habrá lista de entidades sino condiciones por las que todas las que las cumplan quedarán obligadas por las exigencias de la ley. Nadie duda de que, con una u otra fórmula, una de las organizaciones afectadas será la Iglesia Católica.

El diseño, por el contrario, podría excluir de alguna manera a pequeños colectivos que han recibido importantes subvenciones ocasionales, como comunidades de vecinos, porque no podrían cumplir con las exigencias.