El Constitucional decidirá si la supresión de la 'extra' a los funcionarios fue legal

El Tribunal Constitucional estudiará si la supresión de la paga extra de Navidad al personal laboral del sector público fue legal. La Corte ha admitido a trámite la cuestión de constitucionalidad elevada por la Audiencia Nacional porque podría haber vulnerado el artículo 9.3 de la Constitución que impide aplicar normas con efecto retroactivo. La decisión del Constitucional fue celebrada por los sindicatos, mientras que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, espera que los tribunales «nos den finalmente la razón».

La cuestión planteada por la Audiencia Nacional partía de un recurso interpuesto por representantes sindicales de la Compañía Española de Tabaco en Rama (Cetarsa) -participada mayoritariamente por la SEPI- contra el Real Decreto 20/2012 que suponía la supresión de la paga extra de Navidad. En una providencia conocida el pasado 1 de marzo, los magistrados de la Audiencia admitían que las complicadas circunstancias económicas bajo las que fue dictada la norma -que entró en vigor el pasado 15 de julio- «posiblemente justifiquen medidas restrictivas de derechos», aunque «no abren la puerta, sin más, a que esas restricciones operen de modo retroactivo». La clave está en que la extra se suspendió -tanto para personal laboral como para funcionarios- cuando ya se habían devengado 15 días de la paga.

La Audiencia Nacional recordaba en su escrito que la doctrina del Tribunal Supremo establece que la paga extraordinaria, pese a abonarse al final de cada semestre, se devenga día a día. La resolución del Tribunal Constitucional, aunque se refiere únicamente al conflicto colectivo planteado por el personal laboral, podría afectar sin embargo también a los funcionarios, que reclamaron por su propia vía la restitución de la paga extra suprimida por el Real Decreto 20/2012. Conlleva además la suspensión del proceso que se sigue en la Audiencia Nacional hasta que el Constitucional resuelva definitivamente la cuestión.

Rajoy se justifica

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se refirió a la decisión de la Corte al término de su reunión con el primer ministro austriaco. Rajoy señaló que «siempre que tomamos decisiones creemos que se adecúan a la Constitución», al tiempo que expresó su deseo de que finalmente el Constitucional «nos dé la razón. Si lo hicimos (eliminar la paga extra) fue porque no había más remedio en ese momento. Un Gobierno a veces tiene que tomar decisiones que no gustan a mucha gente».

La noticia fue celebrada por los sindicatos. Según la Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT, la decisión del Tribunal Constitucional es «el camino para restituir los derechos de los empleados públicos que el Gobierno cercenó con el Real Decreto 20/2012». El sindicato espera que la Corte «se pronuncie sobre la totalidad de la demanda presentada por UGT y se restablezca la paga extra completa y no solo los días devengados».

Por su parte, el sindicato de funcionarios CSI-F considera que la decisión del Constitucional «constata las justas reivindicaciones de los empleados públicos contra una medida de carácter confiscatorio y por tanto injusta y de dudosa aplicación, tal y como señaló también la Defensora del Pueblo en una reciente resolución».