La Junta reclama un reparto equitativo del margen del déficit concedido por Bruselas

El Gobierno de Andalucía ha sido hasta ahora de los menos protestones y jaleosos de las comunidades autónomas sobre la gran discusión económica del momento: el reparto del objetivo del déficit -la diferencia entre ingresos y gastos- que tienen que fijar las comunidades autónomas para cumplir con la estabilidad presupuestaria impuesta por Bruselas. Hasta ayer, en que se conoció el margen de flexibilidad concedido por las autoridades comunitarias a España (el 6,5% del Producto Interior Bruto este año, dos décimas más de lo que pidió Rajoy), el ejecutivo de Griñán se había mostrado prudente y huidizo a la hora de exponer sus peticiones. Aún en tono conciliador y asegurando «mano tendida», la consejera de Hacienda y Administraciones Públicas, Carmen Martínez Aguayo, dio a conocer con cifras las pretensiones andaluzas en una negociación que se prevé difícil y que deberá resolver el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) aún sin fecha.

España había fijado para este año a las comunidades el 0,7% de su PIB y el 4,3% para el Estado. Con el margen dado por Bruselas, el Estado tendrá un respiro de algo más de dos puntos, lo que equivale a un colchón adicional de 20.000 millones de euros. Tras conocerse semanas atrás la voluntad de Bruselas de flexibilizar dicho tope, el Ministerio de Hacienda había sugerido un objetivo del 1,2% de media para las comunidades, aunque este se aplicaría de forma asimétrica según parámetros aún por conciliar. Aguayo, en comisión parlamentaria a preguntas del PP, dijo compartir la propuesta de Cataluña. Es decir, un reparto más equitativo entre el Gobierno y las comunidades de ese colchón de 20.000 millones. Sugiere de este modo que ese 6,5% se distribuya en dos tercios para el Estado y un tercio para las comunidades.

Como barrunta que el Gobierno de Rajoy no cederá en ello, propone que al menos el margen adicional aprobado por Bruselas -dos puntos-, sea repartido al 50% entre Estado y Comunidades. Para Aguayo, lo «razonable» sería que el CPFF fijara un tope medio del 1,7% del PIB. En el caso de Andalucía, con un PIB en torno a 45.000 millones de euros, esto significaría un margen de 1.500 millones de euros adicionales para cumplir con la estabilidad presupuestaria.

Equilibrado

Andalucía no ve mal el sistema asimétrico que propone Hacienda, pero pide que los criterios no solo tengan en cuenta la riqueza (PIB) de las regiones, sino su población y su nivel histórico de endeudamiento para un reparto equilibrado y equitativo. Varias comunidades del PP, entre ellas Extremadura y Madrid, se oponen al reparto asimétrico porque no están de acuerdo en que beneficie a comunidades que incumplieron el objetivo del pasado año, en referencia a Cataluña y Andalucía, que se desvió cinco décimas.

Aguayo recuerda que la mayor parte del presupuesto de las comunidades se destina a servicios de sanidad, educación y asistencia social y el gasto para ello no es lo mismo en una comunidad de ocho millones de personas como Andalucía que en Extremadura o Castilla la Mancha. Para Aguayo, reclamar igualdad en el déficit es un «debate falso» porque esa exigencia enmascara una «profunda desigualdad», ya que hay que garantizar que los ciudadanos puedan recibir los mismos servicios vivan donde vivan.

El portavoz socialista, Francisco Álvarez de la Chica, recordó que mientras que Andalucía, Canarias y Comunidad valenciana son las comunidades con menos gasto por habitante, Navarra, País Vasco y Extremadura están entre las que reciben un índice de gasto mayor. El índice de Extremadura por habitante es de 111, mientras que el de Andalucía es de 90.