Becerril pide que cesen los indultos a policías maltratadores

La defensora del Pueblo, Soledad Becerril, pidió al Gobierno que no conceda más indultos a miembros de las fuerzas de seguridad que hayan sido condenados por torturas o malos tratos a personas detenidas o encarceladas.

La reclamación es una de las principales recomendaciones de la institución en el informe de 2012 de su actuación como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura que ayer presentó en el Congreso, y en el que exige al Ejecutivo la aplicación de los protocolos desarrollados por la ONU.

Becerril, sin citar explícitamente la medida de gracia que en noviembre pasado evitó el encarcelamiento de cuatro mossos d'esquadra que torturaron a un detenido, sí que alertó de que la figura del indulto está pensada para corregir injusticias provocadas por una aplicación estricta de la ley, pero no para evitar la ejecución de sentencias sin tacha que «conllevan un poder disuasorio para la comisión de actos similares en el futuro». Es más, consideró que indultar a policías condenados por malos tratos no solo hace desaparecer el efecto disuasorio sino que da lugar a que otros agentes «conciban ciertas expectativas de impunidad».

La recomendación de la defensora del Pueblo llega siete meses después del escándalo que provocó el indulto de cuatro mossos condenados a más de cuatro años de cárcel por dar una paliza e incluso introducir una pistola en la boca de un detenido al que confundieron con un violento atracador.

Reacción de los jueces

El Consejo de Ministros trató de evitar en febrero de 2012 el ingreso en prisión de los agentes con la reducción de la pena a dos años de cárcel, pero, ante la reacción de la Audiencia de Barcelona, que aun así ordenó su encarcelamiento, otorgó un segundo indulto que sustituyó el internamiento por una multa de 7.200 euros. La medida de gracia provocó una inédita reacción en la judicatura y dos centenares de magistrados firmaron un manifiesto de repulsa.

Este indulto tiene otro precedente proximo, en septiembre de 2011, cuando el anterior Gobierno socialista salvó también de entrar en prisión a tres mossos condenados por la detención ilegal y maltrato de otro detenido.