El Tribunal de Cuentas vuelve a aplazar la fecha del juicio contable hasta octubre

El proceso se alarga. Habrá que seguir esperando para conocer una resolución judicial respecto a la desaparición de 7,8 millones de euros de la caja municipal. El Tribunal de Cuentas ha retrasado la vista fijada para el 19 de junio, debido a que no le da tiempo material de analizar las testificaciones, que las partes solicitaron como prueba pericial dentro del proceso.

El problema es que decidió que las declaraciones de los testigos, presentados por los letrados, se realizaran en los juzgados donde se ubica su residencia, por lo que se cuenta con un gran numero de hojas que ahora hay que analizar y no da tiempo a tenerlo todo listo para el 19 de junio. De modo que se ha decidido volver a retrasar la fecha del juicio para que tenga lugar en Madrid el próximo 16 de octubre.

Y todo ello cuando no dejan de surgir polémicas relacionadas con el desfalco. La última pone en el punto de mira al interventor municipal, al convertirse también en el responsable de fiscalizar las cuentas del Consorcio de la Bahía, encargado del tratamiento de residuos de los municipios gaditanos. Un cargo que compatibilizará con su labor dentro del Ayuntamiento y al que ha dado el visto bueno el alcalde, José Loaiza. Algo que desde la oposición se ha criticado, ya que no entienden entonces que se señale a este funcionario dentro de la demanda municipal exigiéndole la máxima responsabilidad de lo ocurrido tras los cajeros, siendo al que más dinero se le pide dentro de su responsabilidad subsidiaria.

En la demanda que el Ayuntamiento de San Fernando elevó al Tribunal de Cuentas, se establece que con los controles adecuados y si cada uno hubiera realizado su labor, el desfalco se hubiera detectado y evitado mucho antes.

Además, que la responsabilidad de los alcaldes difiere con respecto a los técnicos. Que los directos son los propios cajeros y que los subsidiarios es el resto del personal, claro que los técnicos son los encargados de realizar las funciones de control, mientras que los ordenadores de pagos se fían de ellos a la hora de tomar las decisiones. En este sentido los 7,8 millones de euros se les reclama a los responsables directos, es decir a los cajeros, mientras que en los subsidiarios las cantidades se estiman de acuerdo a los complementos específicos. Los técnicos cobran, además de su sueldo, una cantidad ajustada a la dificultad y responsabilidad de su puesto y este dinero es el que se les reclama que devuelvan. A José Antonio López Fernández, antes tesorero y ahora interventor, se le pide un importe de 105.847 euros, distribuidos en 57.000 por su cargo de interventor y 48.000 por el de tesorero; a Rafael Monzón Ristori, interventor hasta el año 2006 una cantidad de 61.525 euros; y a la actual tesorera María de las Virtudes Gómez Montero, una cuantía que alcanza los 39.392 euros.

En cuanto a los alcaldes, en la demanda se entiende que la cuantía del resarcimiento no puede ser superior a la de los técnicos encargado de realizar la labor económica, que luego ellos solo verifican, por lo que a De Bernardo y a Antonio Moreno no se les puede pedir más de 39.000 euros.