Arranca el gran juicio por los pactos entre el Estado italiano y Cosa Nostra

La Mafia siciliana siempre ha tenido una relación inconfensable y subterránea con el Estado italiano que raramente sale a la luz, y por eso el proceso que se abrió ayer en Palermo es histórico: por primera vez se sientan en el mismo banquillo la cúpula de Cosa Nostra en los noventa, el sanguinario clan de los Corleoneses de Totó Riina, y altas autoridades del Estado de aquella época. Doce personas acusadas de una 'trattativa', una negociación en medio de la 'guerra al Estado' de la Mafia de 1992 a 1994.

En medio de amenazas de muerte a los fiscales, el juicio será tenso y durará una eternidad. Quizá al final se quede en nada, como suele pasar en Italia, pero puede revelar mucha información, útil para que al menos la prensa, la gente y los historiadores se hagan una idea de la verdad. La avalancha de peticiones de ayer para constituirse como parte civil, que obligó a aplazar la vista al viernes, refleja el interés ciudadano por el proceso. Eran 13 asociaciones e instituciones, que se sumarían a las diez ya registradas.

La 'trattativa' fue un diálogo oculto impulsado desde la instituciones tanto por intereses personales -políticos juzgados como 'traidores' por la Mafia que pretendían salvar la vida- como generales: parar como fuera una oleada de atentados que puso el país contra las cuerdas, del asesinato de los jueces Falcone y Borsellino a ataques al patrimonio en Florencia y Roma.

A cambio, los capos exigían concesiones que luego fueron logrando, como la mejora del régimen duro penitenciario, el cierre de las prisiones de alta seguridad y la revisión de la ley de 'arrepentidos'.

Las conversaciones nacieron tras el pánico que desató en marzo de 1992 el asesinato del democristiano Salvo Lima, político de referencia de la Mafia en Sicilia y brazo de Giulio Andreotti en la isla. Se rompió la baraja de un pacto de décadas. Cosa Nostra reaccionó así a la sentencia del histórico 'maxiproceso' de Falcone, que por primera vez logró condenar a decenas de mafiosos. La Mafia sintió que sus cómplices políticos le habían fallado, por no impedir la sentencia, y muchos se sintieron condenados. «Se han cagado», dijo Riina a los suyos al anunciar que le habían contactado.

La negociación empezó con los Carabinieri, siguió con un Gobierno de centro-izquierda y, en la fase con más implicaciones en este momento, terminó con la mano derecha de Silvio Berlusconi, Marcello Dell'Utri, ya condenado a siete años por sus relaciones mafiosas. Porque fue en aquel momento cuando Berlusconi entraba en política, con las elecciones de marzo de 1994, y Dell'Utri, uno de los imputados, habría buscado el apoyo de la Mafia.

Cosa Nostra, por su parte, también quería un nuevo padrino político tras el derrumbe de democristianos y socialistas con el escándalo de corrupción de 'Manos Limpias'. Lo cierto es que Berlusconi no hizo nada por la Mafia en su primer Ejecutivo, que duró siete meses, pero desde enero de 1994 la Mafia se replegó. En gran parte por la captura de Riina y sus lugartenientes, y el paso del poder a Bernardo Provenzano, partidario de una línea silenciosa. Una de las tesis de esta negociación es que vendió a Riina a cambio de su inmunidad. Desde luego no fue detenido hasta 2006.

La posible complicidad de miembros de las instituciones es amplísima. Sus implicaciones llegan hasta hoy. Por ejemplo, entre los 176 testigos, de exministros a exjefes de Estado, está el actual presidente, Giorgio Napolitano, a quien un asesor refirió en 2012 «acuerdos indecibles». En uno de los aspectos polémicos del proceso, recibió llamadas de uno de los imputados, el exministro de Interior, Nicola Mancino, que pedía una mano para parar a los magistrados. Se sabe porque Mancino tenía el teléfono pinchado. Napolitano habló cuatro veces con él, pero exigió y logró la destrucción de las grabaciones. Mancino fue uno de los pocos en acudir ayer a la vista, junto al general Antonio Subranni, responsable en los noventa del grupo especial de los Carabinieri.