¿Demasiada Administración?

Es innegable. En las legislaturas anteriores, el gasto público tuvo un crecimiento excesivo. Si los gobiernos autonómicos quisieran, podrían conseguir el equilibrio financiero reduciendo los gastos hasta el nivel de 2006. Ante el estallido de la crisis, el Gobierno intentó paliar el paro contratando a 260.000 trabajadores públicos en tres años, a pesar de que no eran estrictamente necesarios. Tras la austeridad reclamada por Europa, se ha hecho un esfuerzo para reducir las plantillas, pero la situación sigue siendo insostenible.

En la empresa privada, se procura que el número de empleados esté en consonancia con el trabajo a realizar y con los ingresos que se generan. Sin embargo, las instituciones públicas carecen de esta flexibilidad. Cuando la actividad económica decrece, el trabajo del sector público disminuye algo y la recaudación desciende abruptamente. Sin embargo, el número de funcionarios permanece intacto. Como el salario de estos empleados sale de los impuestos, el aumento del paro en el sector privado haría que los contribuyentes acabasen pagando más por cada funcionario. Si en 2008 había 6,1 trabajadores para sostener a cada empleado público, ahora apenas quedan 4,8. Es decir, cada contribuyente hace un 21% más de esfuerzo fiscal para mantener la Administración, en un momento en el que muchos se ven obligados a aceptar grandes recortes salariales o viven pendientes de la Espada de Damocles del paro.

Es necesario puntualizar que, en este ranking, Madrid podría mostrar un exceso de empleados públicos correspondientes a la Administración central. Los ejemplos de eficiencia son Cataluña, la Comunidad Valenciana y Navarra, donde menos de un 15% de los empleos son públicos. En 2008, en Cataluña, apenas un 10,1% de los trabajadores se dedicaba a la Administración y más de la mitad de las CCAA estaba por debajo del 15%, ratio propia de un sector público eficiente.

En cambio, ahora más de la mitad de las regiones están por encima del 18%, porcentaje que en 2008 tan solo rebasaba Extremadura, comunidad que en 2013 sigue encabezando el ranking seguida de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Andalucía y Asturias. Extremadura merece una mención especial porque el 27,4% de sus trabajadores son públicos.

Un exceso de funcionarios esconde un mayor desequilibrio si pensamos en el beneficio que hubiera supuesto para esta región que parte de estos fueran emprendedores.

Por último, conviene analizar cómo ha evolucionado la ratio en los últimos cinco años. Galicia y Aragón son un ejemplo de contención de gastos. Cataluña y Baleares han crecido mucho, pero hay que tener en cuenta que eran las que menos gastaban en funcionarios. Resulta sorprendente que Castilla y León, siendo la segunda comunidad con mayor ratio de empleados públicos, sea la tercera que menos ha reducido ese porcentaje. Aunque parezca que las CC AA han hecho un esfuerzo, las cifras de 2008 demuestran que pueden ser más eficientes.