El juez togado investiga la responsabilidad del Estado en el accidente del Yak-42

El juez togado militar ha reactivado la investigación para dirimir si el Estado tiene responsabilidad patrimonial en el accidente del Yak-42, en el que hace diez años este domingo fallecieron 62 militares que volvían de Afganistán. Se trata de la última vía judicial para las familias después de que se hayan cerrado los procesos penales y civiles del siniestro. En este último caso, los afectados aún esperan que la contratista del avión, la compañía alemana Chapman Freeborn, pague los 6,2 millones de indemnización civil a los que fue condenada en noviembre de 2012.

El pasado marzo, el Ministerio de Defensa reabrió el expediente por responsabilidad patrimonial del Estado, es decir, la última posibilidad de que el ministerio reconozca su culpa en la tragedia. El instructor del caso aglutinó en un único recurso las peticiones de 54 de las 62 familias y comenzó el proceso.

La vía de la responsabilidad patrimonial permanecía en suspenso desde el verano de 2004. Ahora, una vez finalizado el proceso civil y penal por las contrataciones del Yak-42, el teniente coronel instructor ha pedido a las partes que comuniquen si continúan requiriendo la culpabilidad del Estado. Tras ello el juez togado informará al Consejo de Estado, que tendrá que decidir si acepta la responsabilidad en un plazo no superior a los seis meses.

Si el informe de este órgano consultivo es desfavorable existen dos opciones: desistir de la reclamación o acudir al juzgado de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, donde se podría dilucidar si el Estado fue responsable, en definitiva, de no evitar la muerte de 62 españoles.

Los abogados de las familias son optimistas por el antecedente del caso de la riada del camping de Biescas (Huesca), en el que murieron 87 personas y acabó con la condena al Estado a pagar 11,2 millones junto a la Diputación General de Aragón.

En aquella sentencia de 2005, la sección primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo explicó que la responsabilidad derivaba del hecho de que autorizaron o consintieron que el camping 'Las Nieves' se ubicara en un lugar peligroso para los acampados y sus instalaciones.

No han cobrado

La vía patrimonial del Yak-42 llega tras la sentencia del Tribunal Supremo sobre la responsabilidad civil de la tragedia y el archivo de la Audiencia Nacional del proceso penal por el caso de las contrataciones.

Sobre el primer caso, el alto tribunal confirmó en noviembre pasado la condena a 6,2 millones a la contratista alemana Chapman Freeborn. Cada familia percibirá unos 100.000 euros de media, una cifra muy inferior a los 9,8 millones que acordó un juzgado de Zaragoza en primera instancia.

Desde entonces han transcurrido seis meses y la compañía alemana no ha pagado ni un euro. Este desamparo ha llevado a las familias a estudiar la posibilidad de recurrir a la justicia de aquel país para cobrar las indemnizaciones.

Con respecto al archivo de la causa penal por las contrataciones, la Audiencia Nacional levantó en mayo de 2012 la imputación de seis altos cargos militares imputados por 62 homicidios imprudentes, entre ellos el exjefe de la cúpula militar entre 2000 y 2004, el almirante Antonio Moreno Barberá.

El juez que instruyó aquel caso, Fernando Grande-Marlaska, ya avanzó en su auto de archivo que puede existir una «concreta responsabilidad patrimonial del Estado» y mencionó el Real Decreto 8/2004 sobre indemnizaciones a los participantes en operaciones internacionales. «Especialmente doloroso ha sido el accidente del Yak-42 en el que murieron 62 militares españoles, sin que tal siniestro estuviese cubierto por un seguro que, lamentablemente, se contrató pero que no era efectivo», dijo entonces el juez.

Una vez abierta la vía de la responsabilidad patrimonial, los letrados de las víctimas ven equiparable en sus alegaciones los casos de tres tragedias militares en Italia, Inglaterra y Chile. La Justicia chilena condenó a pagar cinco millones a 45 familias de soldados muertos por congelamiento; en Inglaterra se indemnizó a 14 familias con 20 millones por un accidente aéreo en Afganistán; e Italia tuvo que compensar con 14 millones a los allegados de los 19 fallecidos en un atentado en Irak.