El presidente de Pescanova y su 'mano derecha', imputados por fraude

El llamado 'caso Pescanova' empieza a andar en los tribunales. La Audiencia Nacional imputó ayer al presidente, Manuel Fernández de Sousa-Faro, y a su 'mano derecha' en la empresa, Alfonso Paz-Andrade, por un presunto fraude a gran escala que, sin embargo, no puede cuantificar aún a la espera de que avance la instrucción y lleguen los informes solicitados a la administración concursal, a sus auditores, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Policía Judicial. Eso sí, de forma indiciaria aprecia ya indicios de que ambos, sin descartar la posible colaboración de otros administradores de la firma que por ahora no se apuntan, falsearon las cuentas anuales y otro tipo de documentos para dar «una imagen irreal» de su situación económica y patrimonial.

Tal afirmación del titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, Pablo Ruz, referida, «al menos», al último ejercicio y a la parte del presente año anterior a que se declarara el concurso de acreedores y se nombrara un administrador judicial (el 25 de abril) no resulta baladí. Las irregularidades supuestamente cometidas en Pescanova saltaron a la luz a raíz de que el propio Fernández de Sousa-Faro comunicara a la CNMV el 28 de febrero que no iba a formular las cuentas de 2012 y, al tiempo, desvelara sus «dudas» sobre la propia continuidad de la misma, es decir, diera respaldo a los rumores que ya se venían escuchando entonces sobre la posible quiebra técnica de la multinacional.

Fue la confirmación de que Pescanova estaba herida casi 'mortalmente' -el concurso de acreedores declarado por el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Pontevedra determinará cuán profundo es el daño y si cabe la continuidad futura de su actividad, aún a costa de vender parte de sus activos-, lo que pilló por sorpresa a miles de accionistas, sobre todo los que entraron en los últimos meses animados por las recomendaciones de distintos analistas que, a su vez, se basaban en el «signo positivo de la información» que iban facilitando los propios administradores de la empresa.

La cruda realidad, después revelada por los auditores y que ya va siendo conocida por la administración concursal, es que al menos durante 2012 y 2013 se fueron inflando ingresos y ocultando gastos, manipulando facturas y realizando operaciones cruzadas entre la matriz y las filiales del grupo de clara apariencia irregular, todo dentro de una doble contabilidad. El resultado: en apenas un lustro ha cuadruplicado con creces su deuda, desde los 822 millones de euros con los que cerró 2008 hasta los más de 3.700 millones que arrastraría en la actualidad.

Mientras, sigue suspendida de cotización desde el 12 de marzo, tras desplomarse su valor más de un 65% y quedar en 5,91 euros, menos de una tercera parte de los 17,40 en que cerró febrero. De ello se resintieron menos cuatro socios privilegiados: los citados Fernández Sousa-Faro y Paz-Andrade, junto a otros dos accionistas de peso, el empresario vigués José Alberto Barreras y José Antonio Pérez-Nievas, presidente del fondo de inversión Iberfomento, que controla el 3,4% de su capital.

Tres delitos

Los cuatro, «plenamente conocedores de la verdadera situación económica de la sociedad», vendieron hasta 3,5 millones de acciones entre septiembre de 2012 y febrero de 2013 que, una vez descontado el precio inicial de compra, les permitió evitar unas pérdidas de más de 26,8 millones de euros respecto al valor con el que fueron suspendidas después, según estima la CNMV. Por tal motivo, Pablo Ruz les imputa la presunta comisión de un delito de uso de información relevante y, además, en el caso del presidente y de su mano derecha, añade también sendos delitos societarios, uno de falseamiento de información económico-financiera y otro de falseamiento de cuentas anuales.

El instructor ha citado a declarar a los cuatro los próximos días 1 y 2 de julio, así como a los representantes legales de Pescanova y de varias sociedades que han sido o son todavía accionistas de la multinacional, la mayoría sociedades del propio Fernández de Sousa-Faro y de su entorno familiar, cuyos movimientos patrimoniales serán investigados ahora por la Policía, en busca de «cambios significativos» que supongan «salidas, pérdidas, transformación o transferencias reales y/o aparentes de activos».