CEOE ignora la prórroga de los convenios al explicar el acuerdo

Las patronales CEOE y Cepyme y los sindicatos CC OO y UGT firmaron ayer el acuerdo sobre la ultraactividad de los convenios, que insta a agilizar las negociaciones de los convenios que vayan a caducar, mantener su vigencia más allá del 8 de julio mientras se negocia o acudir a la mediación y al arbitraje si no es posible la negociación.

La patronal destacó que el acuerdo establece unos «criterios orientadores» para la renovación de los convenios y señaló en un comunicado los más importantes, entre los que eludió incluir el de la prórroga. Por el contrario, resaltó que se respeta la autonomía de las partes -serán las empresas y las organizaciones territoriales y sectoriales las que decidan por dónde encaminan la negociación o si la consideran agotada- y que deben potenciarse los mecanismos de flexibilidad interna. CEOE y Cepyme también exhortaron a que se «propicie el acuerdo antes del término legal de vigencia de los convenios», que será, por efecto de la reforma laboral, el próximo 8 de julio para los convenios denunciados al menos un año antes. Pero ni una mención a la posibilidad de prórroga que aparece en el acuerdo firmado.

Todo lo contrario que los sindicatos, que aseguraron que el acuerdo es de «obligado cumplimiento» para las distintas organizaciones que integran los sindicatos y las patronales firmantes, según Toni Ferrer, secretario de Acción Sindical de UGT. Su incumplimiento, dijo, podría conllevar obligaciones jurídicas. El secretario de Acción Sindical de CC OO, Ramón Górriz, indicó que la movilización «está dando sus frutos» y que el acuerdo es una «enmienda a la reforma laboral». Según Górriz, los convenios que podrían decaer serían unos 1.470, que regulan las condiciones laborales de 2,8 millones de trabajadores.

Bloqueos de negociación

A juicio de los sindicatos, el acuerdo es un instrumento para superar los bloqueos de negociación, «dar certidumbre y seguridad a empresarios y representantes de los trabajadores», y evitar la conflictividad en las empresas cuyos convenios pudieran perder su vigencia el 8 de julio.

Por eso, las centrales sindicales señalaron que «frente a quienes pretenden generar confusión», el acuerdo «mandata a los negociadores a adoptar dos decisiones: la primera, continuar el proceso de negociación más allá de los plazos legales; y la segunda, que mientras se desarrolla un nuevo proceso de negociación, rijan los términos del convenio denunciado». Lo que se deja en manos de los negociadores es el plazo, del que no viene indicación alguna. UGT y Comisiones Obreras, no obstante, reconocieron el respeto a la «autonomía de la voluntad de los negociadores en los distintos ámbitos».

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, consideró el acuerdo «un ejercicio de responsabilidad» por parte de los agentes sociales y afirmó que, con él, «todos ganan».