Un desahucio provoca una nueva desgracia

El lunes, los familiares de Miguel Carrillo Picardo, de 53 años, descubrieron que se había quitado la vida tras haber recibido una carta del Banco Popular en la que le daban un plazo de dos días para pagar una deuda hipotecaria de 167.343 euros. La misma misiva informaba que de no ser atendido el requerimiento «nos veremos obligados a ejercitar las acciones legales procedentes en defensa de nuestros derechos».

Esta deuda, según explicó Vanesa, la hija, «corresponde a las cuotas impagadas a lo largo del último año y medio y sus intereses de demora» de una hipoteca firmada en 2005 por una casa del camino Fuerteventura, en la zona de Pelagatos. Sus familiares quisieron hacer públicos los hechos porque «no queremos que esto vuelva a ocurrirle a nadie, mi padre se vio impotente ante esta situación y decidió quitarse la vida», comentó Vanesa. Además hizo hincapié en la necesidad de darlo a conocer para que «su muerte no sea en vano y los señores de los bancos se enteren de que poco a poco están destrozando familias y acabando con personas humanas».

Manuel Carrillo Picardo cobraba 940 euros por una minusvalía y su mujer otros 360 por la misma razón. Con dos hijos a su cargo, de 14 y 19 años, tenían que hacer frente a una cuota hipotecaria de 1.300 euros al mes. Ahora, los tres se han trasladado a casa de Vanesa y su marido, que tampoco tienen ningún ingreso, «pero no pueden volver al sitio donde lo encontramos muerto».

Juan José Sánchez, presidente de la Asociación de Afectados por la Hipoteca, explicó que la carta recibida es el primer aviso antes de iniciar el proceso judicial de desahucio. Además, desde el próximo lunes se concentrarán semanalmente ante el Banco Popular «hasta que les quiten la deuda reclamada».