El Consistorio precisa de una viceinterventora para mejorar el control del dinero que fiscaliza

El Ayuntamiento de San Fernando fiscaliza a través de Intervención un volumen de 102 millones de euros. Una actividad que debe ser exhaustiva para garantizar que no vuelva a ocurrir lo mismo que en 2009, cuando se dio la voz de alarma del desfalco por la desaparición de 7,8 millones de euros de las arcas municipales, denunciando a dos funcionarios por ello. Motivo por el que el Partido Popular considera indispensable la figura de una viceinterventora, a pesar de que la cobertura de esta plaza haya creado controversia en la oposición, especialmente entre las filas socialistas.

Para el delegado de Hacienda, Manuel Raposo, la responsabilidad del interventor es «de las más altas del Ayuntamiento y ni yo la quisiera para mí» y por ello era necesario reconfigurar este área económica, creando entre otras iniciativas el cargo de viceinterventora de modo que agilice el control de las partidas municipales y vigile los presupuestos con los que cuentan tanto las delegaciones del Consistorio como los Organismos Autónomos.

Precisamente la falta de recursos humanos es una de las principales defensas, tanto del interventor como de la tesorera, a la hora de afrontar el proceso administrativo del desfalco, cuyo juicio se celebrará el próximo 19 de junio en el Tribunal de Cuentas de Madrid.

De esta manera, para Raposo «queda más que acreditado la necesidad de esta plaza ya que lo que se va a conseguir es tener un mayor control del dinero municipal». Una figura de la que se comenzó a hablar una vez que se dio a conocer el desfalco y que el PP siempre defendió, si bien en el pleno de octubre de 2010 se abstuvo ante esta propuesta encabezada entonces por el PA, al considerar que era una medida incompleta y que se precisaban de más reformas.

Todas las que ya se han realizado por parte del PP, si bien el propio delegado reconoce que aún no se ha concluido la reorganización del área. «Ahora mismo no se cuenta con todos los recursos que se deberían pero son los suficientes para garantizar el trabajo de fiscalización y por lo tanto los isleños pueden estar tranquilos con lo que ocurre con su dinero». Todo ello cuando hace un mes que ya funciona de manera efectiva la Oficina de Contratación, que busca reducir costes y tener un mayor control del gasto municipal tanto en pequeñas actuaciones como en el uso de material de oficina y otros gastos corrientes.

Un informe cuestionado

A pesar de ello, el PSOE volvió a cuestionar esta plaza y en esta ocasión lo hizo aludiendo al informe redactado por el propio interventor en el que alude a la necesidad de contar con una viceinterventora. Sobre todo critica la saturación de trabajo que se expone ya que en el informe, con fecha de 9 de abril de este año, se recoge que tuvo que realizar una prolongación de jornada computada en más de 3.470 horas entre las que no se contaba ni festivos ni fines de semana «a pesar de que se también se trabajó en esos días», como se suscribe en el escrito, entre los años 2006 a 2012. Sin embargo, para el PSOE llama la atención que ahora esta prolongación de jornada no es impedimento para que el interventor pueda acceder a otra cargo «y estar pluriempleado recibiendo 1.200 euros al mes» por su labor de fiscalización en el Consorcio de Bahía de Cádiz (responsables de los residuos de los municipios).

«Entonces si no entendemos mal, resulta que el interventor asegura que tiene que hacer prolongaciones de jornada y trabajar fines de semana y festivos para cumplir sus labores y por eso precisa de una viceinterventora, pero cuando se le da otro cargo al que el alcalde, José Loaiza, acepta sin problemas, se dice que no interfiere con su actividad porque lo haría fuera de horario laboral. Entonces, ¿si está saturado cómo puede llevar otro cargo para delante? O visto de otra forma, si ya no está saturado y puede llevar otro cargo para delante ¿por qué precisa de una viceinterventora?», expuso el concejal socialista Fernando León.