Wert marca las reválidas como las líneas rojas de la reforma educativa

No hay tregua. Desde que el Consejo de Ministros aprobara el pasado viernes la reforma educativa los reproches mutuos entre partidaros (Gobierno y PP) y detractores (toda la oposición) de la normativa no han dejado de producirse. Y pese al llamamiento al diálogo desde ambas partes ninguno está dispuesto a ceder en sus posiciones de máximos. El último en marcar sus líneas rojas fue el ministro, José Ignacio Wert, quien defendió ayer las evaluaciones -reválidas- al final de cada etapa como irrenunciables e insistió en la necesidad de estos exámenes para mejorar el rendimiento académico de los alumnos.

«Nuestra disposición es buscar un acuerdo más amplio, sin renunciar a los pilares fundamentales de la ley», explicó Wert durante el Foro de Madrid, organizado por el PP madrileño. Y entre lo irrenunciable se sitúan las evaluaciones al final de cada etapa, un aspecto criticado por la oposición y los sindicatos al considerar que establece una segregación entre alumnos buenos y malos. Por contra, el ministro consideró que estos exámenes, que se realizarán al término de la ESO y Bachillerato (los de Primaria competen a las comunidades autónomas), serán «uniformes, estandarizados, externos y nacionales». Para Wert estas evaluaciones ayudarán a mejorar el nivel de los alumnos. «Lo que no se mide no se puede mejorar», explicó.

La defensa del titular de Educación continuó por la tarde en el Senado con el respaldo al proyecto de Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce). Y en la Cámara alta pudo comprobar que no tendrá nada fácil sumar el apoyo de ningún grupo de la oposición durante la tramitación parlamentaria de la Ley. De hecho, todas las intervenciones de los senadores hicieron hincapié reiteradamente en la «soledad» de la mayoría absoluta del PP.

Pese a las críticas recibidas Wert insistió en la voluntad de su ministerio de llegar a acuerdos. «El consenso es deseable», explicó. Sin embargo, consciente de que parece casi imposible lograr un respaldo mayor, el Gobierno parece conformarse con acuerdos puntuales. «Si no es posible un acuerdo global de la ley, al menos sí en los elementos estructurales de la normativa para salvaguardarlos de los vaivenes de la controversia política».

Wert también negó que el dictamen del Consejo de Estado rechazara la reforma al considerar que «ni una sola observación fue de carácter esencial». Además, insistió en que cada recomendación del órgano consultivo obtuvo una «cumplida respuesta» en la redacción final de la ley.

La financiación pública de los centros con segregación por sexos fue otro de los puntos de confrontación. Wert relativizó la importancia de esta medida al recordar que estos centros solo representan el 0,65% de los existentes en el sistema educativo que aglutinan a un 1% de los alumnos. «Es evidente que hay un predominio abrumador de la coeducación porque así lo quiere la gente», aseguró. Sin embargo, apoyó que este modelo «minoritario» esté incluido en la norma siempre y cuando respete la convención contra la discriminación en la enseñanza, es decir, que no perjudique la igualdad de oportunidades de chicos y chicas. «Lo demás es crear una problema donde no existe», dijo Wert. Desde el PSOE, que ya ha anunciado que presentará una enmienda a la totalidad y que llevará la ley -si se aprueba- al Constitucional, remarcó la falta de apoyos del Ejecutivo en una materia que, el senador socialista Antoni Manchado aseguró «ha sido diseñada con la Conferencia Episcopal» Española.

Más beligerante fue el senador de CiU, Raúl Alturo, que acusó al Gobierno de dar un «golpe de Estado» contra la inmersión lingüística en Cataluña. «Tienen una obsesión con la lengua catalana. Nos recuerda a otra etapa de la historia que creíamos superada», criticó usando ese lenguaje belicista que en la víspera Wert había lamentado. Desde el grupo nacionalista calificaron la Lomce como una ley «involutiva» que ataca las competencia de las comunidades autónomas.

El ministro insistió en que la Lomce no ataca al catalán y que solo recoge el derecho de los padres a que sus hijos reciban las clases en la lengua que elijan, según las sentencias del Tribunal Constitucional. «Cuando hay 1.031 peticiones que no se atienden algún problema debe haber», aseguró Wert en referencia a las familia que han solicitado el castellano como lengua vehicular en Cataluña. La normativa contempla que el Gobierno adelante el coste de escolarizar a los alumnos en un centro privado y que la cuantía se descontará a la comunidad autónoma de su financiación. Sin embargo, Wert se comprometió a que si la Generalitat ofrecer una fórmula alternativa que garantice el uso del castellano a la familia que lo solicite será incluido en la reforma.