El Gobierno también impondrá un coste máximo a los servicios que prestan las autonomías

Que las comunidades se preparen porque, una vez apruebe la reforma local, el Gobierno tiene intención de dar una vuelta de tuerca más al control de sus finanzas. El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, advirtió ayer de que el próximo sistema de financiación autonómica, cuya negociación y aprobación está prevista para 2014, impondrá a los ejecutivos regionales exigencias similares a las que ya se prevén para los ayuntamientos, entre ellas, la obligación de ajustar el coste de los servicios que hoy prestan a los ciudadanos a una cantidad máxima que habrá que determinar.

El secretario de Estado no especificó qué consecuencias podrá acarrear sobrepasar ese precio estandar, aunque fuentes de su departamento apuntan que su incumplimiento conllevaría la puesta en marcha de los mecanismos preventivos, correctivos y coercitivos recogidas a la ley de estabilidad presupuestaria. Una norma que, en ultimísima instancia, y previa autorización de la mayoría absoluta del Senado, también permite al Gobierno de la nación tomar las riendas de una comunidad autónoma en aplicación del jamás empleado artículo 155 de la Constitución.

Los ayuntamientos creen que es de «justicia» que todas las administraciones públicas, incluida por cierto la Administración General del Estado, tengan que someterse a los estrictos principios que el año próximo -si se cumplen los plazos de tramitación de la ley de bases del régimen local previstos por el Ejecutivo- se aplicarán al mundo municipal. Y no solo en lo que se refiere al 'coste estándar' también en lo relativo a las retribuciones salariales o las limitaciones para contratar personal de confianza. Dan por sentado que ellos tendrán que aceptarlo aunque no les guste. Y no quieren ser los únicos.

El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), el popular Íñigo de la Serna, lo dejó bien claro tras la reunión de la Comisión Nacional de la Administración Local que se celebró ayer en el Ministerio. No quieren ser tratados de manera discriminatoria. Y, de algún modo, sienten que lo están siendo porque la reforma local sigue sin gustarles.

El también alcalde de Santander subrayó que, en el encuentro, el Gobierno accedió a lo que él considera «avances sustanciales»: se retirará el artículo que permite intervenir los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes que incumplan el objetivo del déficit, aunque, como todos, estarán sujetos a la ley de estabilidad; el precio homogéneo de los servicios se fijará una vez oído el criterio de municipios y comunidades autónomas y no de manera exclusiva por el Estado, lo que permitirá, a su juicio, atender a «singularidades» como la dispersión, y se levantará la prohibición de que los alcaldes de poblaciones de menos de mil habitantes perciban remuneración alguna. Ahora bien, el nudo gordiano de la futura ley sigue en pie. Una vez entre en vigor la reforma local, en enero de 2014, los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes serán sometidos a un breve periodo de evaluación de tres meses. Aquellos que no sean capaces de prestar un servicio al coste indicado serán privados de esa competencia que pasará a ser ejercida por las diputaciones -o las comunidades en el caso de las uniprovinciales- por un periodo de cinco años tras el que se revisará su situación.

Economías de escala

La FEMP exigía que se permita a los municipios solventes seguir haciendose cargo de los servicios aunque paguen más por ellos. Pero el Ejecutivo se niega en redondo, incluso en el caso de ayuntamientos con superávit. De la Serna se mostró satisfecho, aun así, de que el vaciamiento de competencias no pueda ser absoluto y sea aplicable solo a materias en las que importa la economía de escala.

Por otro lado, puso en cuestión los datos ofrecidos el lunes por Hacienda, según los cuales alrededor de 6.000 municipios podrían verse privados de atribuciones. Y criticó que se hagan cálculos de este tipo cuando aún ni siquiera se sabe a cuánto ascenderá el coste estándar. El propio Beteta matizó que esa cifra parte de las cuentas municipales de 2011 y admitió que los datos de 2012 serán, a la espera de conocerlos en su totalidad, mejores. Pero no se desdijo realmente de sus proyecciones.

Lo que sí puntualizó es que Hacienda no se plantea una reducción salarial de los funcionarios locales, aunque recordó que los Presupuestos Generales del Estado establecerán una «horquilla» dentro de la que deberán moverse los ayuntamientos para que no haya «disparidades» entre iguales categorías.

El vicepresidente de la FEMP, el socialista Abel Caballero, aseguró que pese a los cambios el mundo local está «muy preocupado» y reprochó al Gobierno que no sea claro y ni siquiera les haya entregado «papel alguno». Entre sus dudas está la de quién debe pagar las competencias de Educación, que no pasarán a manos de las autonomías hasta que el nuevo sistema de financiación entre en vigor, o las de los servicios sociales. Estos sí deberan ser asumidos sin más por las autonomías, pero tienen un plazo de un año durante el que, dice el acalde de Vigo, nadie sabe qué pasa.