El enigma de las cuentas del Rey

La Casa Real estará en la ley de transparencia en igualdad de condiciones que el resto de altas instituciones del Estado, pero este acuerdo no cierra del todo la polémica porque aún no se sabe hasta dónde llegarán sus obligaciones de publicidad.

Se detallarán cuantas decenas de millones de euros gastan los ministerios en el mantenimiento de los jardines y palacios que usa la Familia Real, el coste de los viajes y actos oficiales, de su seguridad, de la Guardia Real o del parque móvil, entre otros. De igual manera, según el proyecto, la Corona deberá dar información más detallada que la que proporciona desde hace un año en su web sobre el uso que hace de la asignación gubernamental para el mantenimiento de su Casa, este año 7,9 millones, sobre los contratos y convenios que suscribe, sobre posibles auditorías e incompatibilidades, sobre retribuciones de altos cargos, o sobre cualquier otro elemento relevante de su actividad y uso del dinero público.

Así, quizá se pueda saber lo que el Rey gasta en almuerzos, recepciones o regalos a invitados, o lo que cuestan algunos gastos corrientes del palacio, por ejemplo la electricidad o el consumo de agua, pero nada dice la ley de que deba desvelar su patrimonio, exigencia a la que solo están obligados los altos cargos y los concejales. Tampoco está previsto por ahora que tenga que especificar la asignación que entrega a la Reina, a la princesa Letizia o a las infantas. Eso sí, don Juan Carlos, de motu proprio, al igual que otras instituciones como el Congreso, puede decidir desvelar otra serie de gastos o bienes a lo que no está obligado por la ley.

Lo que con seguridad no le impone la norma es que publicite sus gastos y actos privados o los de su familia. Con ley o sin ella, no se habría sabido que viajaba a un safari a Botsuana, porque no lo hacía como jefe del Estado y porque estaba invitado por un jeque árabe.