Los borrones de la transparencia

Tras ocho meses atascado en el Congreso, el proyecto de ley de Transparencia y Buen Gobierno ha enfilado el camino de la aprobación antes de las navidades gracias al compromiso gubernamental de incluir en las obligaciones de información y publicidad a la Casa Real, partidos y sindicatos y una serie de entidades privadas con alta financiación pública, entre las que también estaría la Iglesia Católica.

El principio de acuerdo entre Ejecutivo y PSOE sobre las materias y sujetos que debe incluir la que quizás será la ley política más importante de la legislatura alimenta la expectativa de que pueda salir adelante con un amplio e inhabitual consenso parlamentario. No obstante, el principal partido de la oposición avisa de que, pese al buen clima de partida, el consenso puede evaporarse si el PP no modifica una serie de puntos del proyecto cuyo cambio considera irrenunciable. Lo mismo le trasladaron los nacionalistas vascos y catalanes. El Gobierno se comprometió a estudiar todas sus demandas, pero a nada más.

La predisposición al diálogo puede ser suficiente para que PSOE, CiU y quizás PNV renuncien a registrar el martes enmiendas a la totalidad, algo que sí harán IU y UPyD.

Muchos son los borrones que la oposición aún ve para pactar la norma. Los principales son la exigencia de independencia del órgano que controlará que administraciones, instituciones y entidades cumplan con su obligación de publicar en el 'portal de la transparencia' toda su actividad. En esa página web deberán detallar presupuestos, organigramas, informes, subvenciones, contratos, agendas, convenios, incompatibilidades, sueldos, dietas o bienes. Otro escollo es el rechazo a que el ministro de Hacienda tenga potestad para destituir a alcaldes o sancionar a consejeros autonómicos; el Gobierno insiste en que sea así y la oposición dice que no. Asimismo existen discrepancias en la reclamación de que los incumplimientos de publicidad sean castigados, y el rechazo a que las demandas ciudadanas de información puedan decaer por mero silencio administrativo.

Según la redacción del proyecto, al presidente de la futura Agencia Estatal de Transparencia será designado por el Gobierno, a propuesta de Hacienda, previo examen en el Congreso. Solo podrá ser cesado por incapacidad, desidia o sentencia judicial. Los socialistas, con el resto de la oposición, reclaman que esta figura sea ajena al Ejecutivo, que la elija el Parlamento con un mandato superior a la legislatura y no sea reelegible para evitarle presiones.

Socialistas y CiU también se oponen a que el Ejecutivo, según el capítulo de buen gobierno, pueda destituir, inhabilitar o sancionar a alcaldes o altos cargos autonómicos que incumplan las exigencias de la ley y los planes de estabilidad presupuestaria. En el caso autonómico, creen que se invade el terreno competencial, y en el local, que se vulnera el principio democrático cuando se desaloja a un cargo público elegido por votación popular.

Otro de los puntos de fricción es el de las limitaciones al derecho de los ciudadanos a realizar demandas personales de información a las administraciones y organismos. El PSOE reclama que se haga un uso flexible de los límites, vinculados a la seguridad, las relaciones exteriores, los datos personales o la preservación de investigaciones judiciales o administrativas, y, sobre todo, que cualquier denegación de información debe ser comunicada, estar motivada y ser publicada, lo que descarta el silencio administrativo que ahora contiene el proyecto como modalidad de rechazo a las peticiones.

Sanciones a incumplidores

Un asunto que parece estar encauzado, pero debe concretarse, es el de la fórmula que permitirá incluir a entidades privadas en las obligaciones de transparencia. El baremo podría ser el porcentaje de subvenciones públicas que manejan, si suponen, por ejemplo, el 40% o el 50% de su presupuesto. Pero también se baraja añadir como motivo de inclusión que la subvención recibida sea muy alta, del orden de diez o veinte millones, o más. Con este criterio estarían sujetas a la futura ley instituciones como la Iglesia, que si solo se toma en cuenta el porcentaje de financiación pública podría quedar fuera.

Estas son algunos de los obstáculos, pero la lista de cambios reclamados es mucho mayor. UPyD, por ejemplo, exige que el acceso ciudadano a la información sea regulado como un derecho fundamental, varios grupos reclaman sanciones explícitas para las entidades y organismos privados que incumplan las obligaciones de publicidad, y CiU quiere que se realice una regulación de los 'lobbies', que el Gobierno informe sobre el grado de cumplimiento de las demandas que le hace el Congreso, y que la norma obligue al Ejecutivo a publicar el inventario de bienes del Estado.