Sociedad

El CERMI rechaza el supuesto de malformación por «discriminatorio»

La asociación de discapacitados pide al Gobierno que las madres no puedan alegar para abortar que los fetos sufren anomalías

MADRID. Actualizado: Guardar
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La polémica por la futura ley del aborto parece no tener fin. A pesar de que el propio Gobierno ha reconocido que la reforma «está abierta» y todavía no existe ni siquiera un borrador, las reacciones y presiones desde distintos ámbitos y en direcciones opuestas se suceden. Lo único claro es que la normativa acabará con la ley de plazos y volverá a un modelo de supuestos. Pero ahora el debate se centra sobre si uno de ellos será el de la malformación fetal. Una posibilidad que rechazó de plano el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), para quienes este supuesto supone una «discriminación» hacia los discapacitados. Y así lo hizo saber ayer en un comunicado.

«Cualquier tipo de malformación fetal es una discapacidad. Por tanto, una legislación que incluya este supuesto para interrumpir el embarazo es una discriminación hacia este colectivo», aseguró la directora ejecutiva del CERMI, Pilar Villarino. Esta asociación, que aglutina a 7.000 plataformas y a 3,8 millones de discapacitados y sus familias, pidió al Gobierno que la futura ley del aborto no incluya el supuesto de malformación del feto. «Defendemos los derechos de los discapacitados en cualquier ámbito de la vida», aseguró Villarino. Desde esta asociación recordaron al Ejecutivo que las normativas sobre el aborto (la vigente o la de 1985) discriminaban a los discapacitados. Por eso solicitaron al Gobierno que cumpla con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU que España ha ratificado. Según dicho convenio «no cabe dar un trato desigual o menos favorable» a los discapacitados porque supondrían una vulneración de los derechos de estas personas.

Además, destacaron que la ONU ya examinó la ley del aborto actual en 2011 e instó a España a suprimir la distinción en cuanto al plazo en el que se puede interrumpir el embarazo por motivos de discapacidad exclusivamente. «Solo pedimos al Gobierno que cumpla con la Convención de la ONU, que no es un texto más, sino que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico», aseguró Villarino.

Sin embargo, pese a su oposición en este punto, el CERMI no es un grupo antiabortista. De hecho, no se muestran en contra de la interrupción del embarazo. Insisten en que se trata de una decisión que pertenece al ámbito privado de cada persona. La asociación, por ejemplo, no se opone a una ley de plazos siempre y cuando no se habilite un tiempo especial para abortar por cuestiones de malformación del feto (como ocurre en la actualidad). Sin embargo, sí consideran discriminatorio la inclusión de la malformación del feto como supuesto, independientemente de la gravedad o esperanza de vida que dichos problemas de salud conlleven para el recién nacido en el futuro.

«Estamos en contra del aborto eugenésico», explicó Villarino. «Y en todas las leyes del aborto en España hasta ahora hay un supuesto de discriminación», aseguró la directora ejecutiva de la asociación. Una opinión no compartida por numerosos médicos especializados en enfermedades infantiles. Estos expertos han recordado cómo algunas malformaciones congénitas del sistema nervioso producen un grave sufrimiento a los pacientes y una corta esperanza de vida. «Nosotros no valoramos casos concretos. Para nosotros cualquier malformación es discapacidad», aseguran.

Dudas en el Gobierno

El CERMI ya ha trasladado su opinión al Gobierno. Aseguran que el Ejecutivo es consciente de sus reivindicaciones y confía en que sea susceptible a ellas. «El ministro Gallardón ha puesto de manifiesto que va a cumplir con esa convención de la ONU», insiste Villarino. Sin embargo, el Ejecutivo sigue enredado en la elaboración de esta ley. Ni siquiera hay consenso dentro del Partido Popular, como han puesto de manifiesto diversas declaraciones opuestas de miembros del partido en las últimas semanas.

Precisamente, uno de los principales puntos de fricción en el PP tiene que ver con el supuesto de malformación. Hasta ahora, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón se había mostrado favorable a excluir esta posibilidad. Sin embargo, tras las voces críticas dentro de su propio partido, la situación parece cambiar. De hecho, fuentes del Ministerio de Justicia aseguran que en el borrador que se está trabajando -y que no estará listo hasta después del verano- podría incluir el supuesto de malformación, aunque matizado. Es decir, delimitar más el concepto de discapacidad para excluirlo del supuesto de malformación.