Wert busca fondos de la Unión Europea para no recortar la Lomce

Ni huelgas, ni manifestaciones en la calle. La financiación de la reforma educativa se ha convertido en el principal obstáculo para la aprobación de la Lomce. Las comunidades autónomas -incluidas las gobernadas por el PP- temen que el coste de su implantación dificulte cumplir con su objetivo de déficit. Y para tratar de solucionarlo, el Gobierno mira a Europa. En concreto, el Ejecutivo espera que los fondos comunitarios puedan utilizarse para dotar a la Formación Profesional. Así lo anunció la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, ayer tras el Consejo de Ministro que debía haber aprobado la polémica normativa.

Había expectación por conocer la reacción oficial del Gobierno al aplazamiento del visto bueno de la Lomce. Prueba de ello es que fue la primera pregunta realizada a la vicepresidenta. Y la portavoz del Ejecutivo fue clara: «La reforma educativa será aprobada este mes de mayo». Todo un jarro de agua fría para aquellos que pedían la paralización definitiva en la normativa. Santamaría también reconoció que el retraso del anteproyecto de ley se debe a las «observaciones no resueltas» del Consejo de Estado. En especial, en lo referido a la financiación.

«La memoria económica se está fortaleciendo», explicó la número dos del Ejecutivo antes de anunciar que en colaboración con el Ministerio de Empleo tratan de que algunos ámbitos, «especialmente la Formación Profesional», puedan utilizar fondos europeos para tener más dotación. Sin embargo, Educación no precisó exactamente cómo se articularían esas ayudas. En principio, la manera más factible sería a través de la FP Dual, un modelo en el que los alumnos dividen su formación entre un centro educativo (67% de las horas lectivas) y un centro de trabajo de una empresa (33% de las horas). Además, este sistema permite que después de tres años de formación el alumno realice prácticas en estas empresas sin remuneración oficial, pero con la posibilidad de solicitar una beca salario.

La recepción de fondos europeos supondría un respiro para las arcas autonómicas. En caso de no recibir ayuda comunitaria, se abriría el debate de una mayor aportación económica del Estado. Y es que los costes por la implantación de la Lomce se dividen entre directos e indirectos. Los primeros son asumidos por la administración central en su totalidad (por ejemplo, evaluaciones externas al final de cada etapa). Según la memoria económica, ascenderían a 23 millones de euros en el primer año de aplicación, 130 millones en el segundo y 255 millones en el tercero (el incremento se debe a la implantación gradual de la normativa).

Por su parte, los costes indirectos, es decir, aquellos derivados por el refuerzo de la FP o de los dos itinerarios en 4º ESO, son sufragados por las comunidades. Y estos costes son los más elevados. De hecho, el gasto contemplado en la memoria asciende a los 334 millones en el escenario menos optimista (en el que menos alumnos cursan un módulo FP) o se eleva hasta los 927 millones en el escenario más positivo.

Otro de los temas polémicos de la Lomce tiene que ver con el enfrentamiento del Ministerio con la Generalitat por el uso del castellano en las aulas. En este sentido, la vicepresidenta explicó que el Gobierno trasladará en la ley la libertad a la hora de elegir la lengua en la que se quiere recibir la enseñanza en consonancia con las resoluciones judiciales: «La obligación del Estado es atender la libertad de los padres y eso quedará garantizado en la ley». Además, Sáenz de Santamaría recordó que el ministro de Educación ha escuchado las alegaciones de todas las comunidades autónomas, «en especial de Cataluña».

Sobre la petición de los sindicatos y partidos de la oposición de retirar la normativa, la vicepresidenta fue taxativa: «La ley se va a aprobar este mes. El ministro de Educación tiene encomendada una de las misiones más importante de este Gobierno. Y no es fácil. Pero hay que hacerlo. No nos han dado un solo argumento para mantener un sistema que no funciona».