El juez pedirá más datos sobre Aizoon para saber si la infanta incurrió en fraude fiscal

El juez José Castro no se da por vencido. El magistrado inició ayer los trámites para activar la investigación que determine si la infanta Cristina pudo incurrir en un delito fiscal o de blanqueo de dinero, el único ilícito que la Audiencia Provincial de Palma estaría dispuesta a imputar a la hija del Rey si Hacienda confirma irregularidades.

El instructor del 'caso Nóos' se puso manos a la obra solo minutos después de recibir oficialmente el fallo de la Audiencia, que el martes pasado suspendió la imputación de Cristina de Borbón como cómplice o cooperadora necesaria de los delitos de su marido, pero que al mismo tiempo invitaba al juez a ahondar en la investigación para comprobar si la infanta pudo defraudar al fisco como copropietaria de Aizoon, la empresa que Iñaki Urdangarin usó para desviar a bolsillos privados el dinero público que entraba en el Instituto Nóos y que también usó para facturar trabajos que hacía él mismo a terceras empresas, disminuyendo así el tipo impositivo.

Según explicaron fuentes judiciales, precisamente la primera diligencia que encargará José Castro será que Hacienda le envíe más datos fiscales sobre Aizoon y sobre la participación de la infanta en esa sociedad.

El juez, a diferencia de la citación como imputada de Cristina de Borbón, esta vez no encontrará la oposición de Anticorrupción, por lo que la Agencia Tributaria deberá entregar esos datos al magistrado. Responsables de la Fiscalía explicaron que el Ministerio Público acepta la petición de estas diligencias porque sí considera que podría servir para avanzar en la investigación, aunque creen improbable que Hacienda aporte datos para implicar a la duquesa de Palma.

Reunión

Castro -tras una hora de reunión con Pedro Horrach, fiscal del caso- dictó una resolución en la que no oculta que su interés es volver a la carga contra la hija menor de don Juan Carlos. El magistrado dio un plazo de cinco día a las acusaciones para que aleguen acerca de «las líneas de investigación insinuadas» por la Audiencia de Palma sobre un presunto delito fiscal y de blanqueo por parte de la duquesa de Palma. Fiscalía, Abogacía del Estado, abogacía de la comunidad balear, concejales socialistas del Ayuntamiento de Valencia, PP balear y sindicato Manos Limpias deberán presentar alegaciones al fundamento séptimo del auto de la Audiencia, el apartado en el que los superiores de Castro condicionaban la imputación de Cristina de Borbón a que aparecieran nuevos indicios delictivos en sus declaraciones.

La sala llegó a afirmar, tras estudiar el informe de la Agencia Tributaria de enero pasado, que «no se puede descartar en este momento la comisión del delito contra la Hacienda pública y tal vez, posiblemente, de un delito de blanqueo de capitales, y que en tales ilícitos hubiera podido participar la infanta». «La infanta debería saber o conocer que para entonces Aizoon era una sociedad pantalla y que su marido la utilizaba para defraudar a Hacienda tanto en el impuesto de sociedades como de la personas físicas y que se ha enriquecido por contratos ilegales y dinero público por facturas giradas por Aizoon al Instituto Nóos», señaló en su auto.

Al margen de la investigación de la infanta, el juez ha citado a declarar el 10 de junio a los dos principales testaferros del duque de Palma, Robert Cokcx y Mario Sorribas. El primero fue el gestor internacional que supuestamente ayudó a Urdangarin a transferir a Suiza 375.000 euros.

Sorribas, por su parte, es el apoderado de la inmobiliaria de los duques de Palma, Aizoon, y será interrogado por su papel en el convenio de Madrid 16 con la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social, de la que era responsable. En esa operación, la fundación de Urdangarin se llevó más de 120.000 euros por no hacer nada.

Como testigo está citado ese mismo día Álex Sánchez, responsable de la fundación Artic, supuestamente usada por el yerno del Rey para sacar dinero de España.