La Fiscalía nunca dio la batalla por perdida contra el urbanismo clandestino

La Junta aprobó en marzo de 2010 una herramienta clave para que los ayuntamientos combatieran la construcción ilegal. Andalucía cuenta con 1.000 urbanizaciones sin papeles que representan 300.000 viviendas clandestinas. Málaga y Cádiz se llevan la palma del ránking. Esta situación obligó a la Administración regional a poner puertas al campo con la aprobación del denominado derribo exprés. Se trata de una nueva figura jurídica que entró en vigor el 7 mayo de 2010 y que permite a los consistorios activar el proceso de demolición en tan solo un mes desde que se notifica la infracción al propietario del inmueble. La norma amplía las competencias de los ayuntamientos en materia de disciplina urbanística.

Los consistorios han reconocido que la construcción ilegal se ha frenado en los últimos cuatro años. No obstante, la Fiscalía de Cádiz nunca ha dado la guerra por perdida en su lucha contra el urbanismo ilegal. El anterior fiscal de Medio Ambiente, Ángel Núñez, y ahora su sucesora, Patricia Navarro, llevan años defendiendo que los dueños condenados por construcción ilegal, además de la pena de prisión deben demoler la construcción. El Ministerio Público sabe que estas causas se resuelven con penas mínimas de cárcel, que nunca se cumplen, y sanciones económicas que no disuaden para seguir edificando fuera de la legalidad.