El Congreso aprueba entre protestas de los ecologistas la Ley de Costas

La aprobación de la nueva Ley de Costas en el Congreso de los Diputados tuvo ayer de todo. La mayoría absoluta del Partido Popular permitió al Gobierno aprobar esta normativa, que sustituirá a la anterior, de 1988. Toda la oposición -salvo CiU, que se abstuvo- votó en contra, el PSOE anunció que no descarta acudir al Tribunal Constitucional para derogar los remozados criterios de protección del litoral y los ecologistas pusieron el grito en el cielo porque «se abre la puerta» a privatizar la costa.

La protesta, sin embargo, tuvo su punto de inflexión en la calle. En un medido golpe de efecto, como la mayoría de sus acciones, tres activistas de Greenpeace se encaramaron poco antes de las 9.00 horas al tejado del Congreso para denunciar que «el PP vende nuestra costa». Aprovecharon las obras en la fachada de la puerta de los leones para subir hasta el frontispicio. Al final fueron detenidos sin oponer resistencia junto a otros cinco compañeros.

Todos ellos fueron conducidos por la Policía a los calabozos del Congreso y después a la comisaría del barrio madrileño de Moratalaz. Les acusaron de un delito contra los altos organismos de la Nación, por tratar de interrumpir el normal funcionamiento del pleno, y el atestado fue remitido a la Audiencia Nacional por ser el tribunal competente. Ello, pese a que el propio presidente de la Cámara baja, Jesús Posada, minimizó la protesta. Los detenidos fueron trasladados a la Audiencia Nacional, donde fueron interrogados por los responsables del juzgado central de instrucción que estaba de guardia, en este caso, el del magistrado Javier Gómez Bermúdez. El juez les dejó en libertad, aunque les impuso como medida cautelar la obligación de comparecer mensualmente ante el tribunal.

Dentro del hemiciclo, el debate transcurrió con normalidad. El ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, defendió la nueva normativa, que consideró «muy trabajada» y que «va a proporcionar instrumentos más potentes para combatir las barbaridades urbanísticas que se hicieron al amparo de la ley de 1988, como El Algarrobico».

La nueva normativa prorroga durante 75 años las 10.000 residencias levantadas en dominio público marítimo-terrestre y que debían ser derribadas según la anterior normativa. Los primeros permisos caducaban en 2018, fecha en la que deberían ser demolidas 1.100 viviendas. Ahora se amplía el plazo 75 años más a partir de esa fecha. Por otra parte, 1.700 industrias tienen la misma prórroga, aunque las dedicadas al negocio energético, químico, petroquímico, textil y papelero situadas en dominio público deberán superar un informe ambiental.

Amnistías

También saldrán beneficiados con la nueva ley los tradicionales chiringuitos, un negocio con más de 3.000 establecimientos y que solo en Andalucía supone 40.000 empleos. Y es que el permiso para los establecimientos temporales pasará de tener una concesión de un año a cuatro, lo que favorecerá la implantación de este tipo de locales siempre que cumplan con una serie de requisitos. «No se modifica la delimitación del dominio público marítimo, ni la zona de servidumbre, evitando nuevas construcciones en el litoral español», insistió Cañete.

En el debate parlamentario, el portavoz socialista de Medio Ambiente, José Luis Ábalos, anunció que el PSOE estudia plantear un posible recurso de inconstitucionalidad. «Tenemos serias dudas de que estén cumpliendo el artículo 132 de la Constitución», explicó Ábalos, ya que una ley no puede alterar la titularidad de la zona marítimo-terrestre reservada al dominio público. En el mismo sentido se expresó Izquierda Plural. Por otra parte, la nueva ley amnistía a diez centros urbanos que quedaban ubicados dentro de la zona de dominio público:. Rocafel y Puerto de Santa Pola (Alicante), Marina de Empuriabrava y Platja d'Aro (Gerona); la ría de Punta Umbría, el casco urbano de Isla Cristina y el Caño del Cepo (Huelva); Pedregalejo y El Palo (Málaga) y Oliva (Valencia).

También tendrá un «tratamiento especial» la isla de Formentera. Las zonas protegidas del litoral también se reducen con la nueva definición de dominio público marítimo-terrestre. Quedan fuera de esta protección los terrenos inundados artificialmente, como por ejemplo, salinas artificiales o las playas urbanas. También estarán al margen las dunas muertas y artificiales. Además, las zonas de servidumbre se reduce de 100 metros a 20.