El Parlament reta a la Justicia y declara vigente la declaración suspendida

El nacionalismo catalán plantará cara al Constitucional. Un día después de que el tribunal suspendiera de forma cautelar la declaración soberanista que la cámara catalana aprobó el 23 de enero, el Parlament lanzó ayer un desafío claro: la resolución «sigue vigente». Así lo advirtió la presidenta del legislativo autonómico, Núria de Gispert, con el argumento de que la declaración impugnada, que fue la pimera etapa de la hoja de ruta hacia la consulta, no tenía efectos jurídicos. «Si los tuviera, estaría suspendida, pero como es una expresión política, sigue vigente», dijo.

El desafío retórico pasó enseguida a los hechos. Y un ejemplo de que para la mayoría nacionalista del Parlamento catalán la declaración no está en el aire o, lo que es lo mismo, que la cámara actuará como si el Constitucional no hubiera intervenido, podrá comprobarse en siete días. Después de que el martes, las cinco formaciones que apoyan la consulta, CiU, ERC, PSC, ICV y la CUP, aprobaran la creación de una comisión sobre el derecho a decidir, De Gispert anunció que la próxima semana quedará constituido el grupo de estudio que marcará las etapas, el ritmo del proceso soberanista y las vías legales de la consulta.

El PP y Ciutadans exigieron que se acate la suspensión de la declaración de soberanía y no se constituya la citada comisión hasta conocer la decisión definitiva de la corte, que tiene cinco meses para deliberar sobre el fondo del recurso del Gobierno. «Si la institución que hace las leyes no las cumple, ¿qué autoridad tendrá después para pedir a la ciudadanía el respeto y cumplimiento de las leyes?», dijo el popular Enric Millo, quien alertó de que «si se continúa abonando que solo se cumple la norma que gusta, acabaremos convirtiendo el Parlament en una cámara antisistema».

El PSC también pidió que se cumpla la resolución. La posición de los socialistas, en cualquier caso, se enreda por momentos. Su voluntad de no encasillarse en ninguno de los dos bloques, constitucionalistas frente a soberanistas, les lleva a posturas contradictorias. Ayer pidieron a CiU y ERC que acaten la decisión del Tribunal Constitucional, pero el miércoles votaron a favor de la creación de la comisión sobre el derecho a decidir.

El PSC trató de arreglar el galimatías reclamando que la comisión trabaje con la declaración a favor de la consulta que aprobó el Parlament en marzo y que no está impugnada, ya que se limita a pedir diálogo entre gobiernos.

Choque de trenes

En Esquerra Republicana no tienen esos problemas. «La voluntad del pueblo catalán está por encima de la voluntad política del Gobierno español y de un Constitucional integrado por 12 magistrados designados a dedo por PP y PSOE», dicen los republicanos.

En CiU defendieron la capacidad de la cámara para aprobar resoluciones políticas porque «cuando hacemos una declaración política sobre una ambición que está en la calle, pretenden taparnos la boca; pero no lo conseguirán. Nos debemos a los ciudadanos de Cataluña y ningún tribunal pseudo-político puede coartar nuestra función», dijo Jordi Turull.

El Gobierno de Mas, por su parte, amplió el desafío y lo hizo extensible a la propia legalidad española. Consciente de que el Gobierno central no permitirá celebrar la consulta, Francesc Homs, consejero de la Presidencia, anunció que la Generalitat pedirá «amparo» al marco europeo para dar salida a las aspiraciones catalanas, ya que a su juicio la democracia española se «tambalea» y sus puertas están cerradas para Cataluña.

Mientras, la presidenta de la cámara catalana anunció que los servicios jurídicos del Parlament recurrirán la suspensión provisional de la declaración de soberanía, para lo que tiene veinte días. De Gispert se mostró esperanzada porque se trata de una declaración de voluntad política que reconoce el derecho de los catalanes a decidir su futuro, pero no presupone nada, ni la independencia ni el estado propio.