La gran distribución pide eliminar las sanciones de la ley de la cadena alimentaria

Las grandes cadenas de distribución quieren que el Parlamento suprima el régimen sancionador que el Ministerio de Agricultura ha incluido en la Ley de la Cadena Agroalimentaria. La normativa, ahora en tramitación en el Congreso de los Diputados y cuya entrada en vigor está prevista para este verano, contempla multas de entre 3.000 y un millón de euros para los agricultores, industriales o distribuidores que cometan prácticas abusivas dentro del sector.

Pero el modelo sancionador elegido por el departamento que dirige Miguel Arias Cañete no satisface a las grandes cadenas de venta minorista, por dejar la potestad sancionadora en manos de las comunidaes autónomas. Ignacio García Magarzo, director general de la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas), explicó que el sector ve «arriesgado» atribuir esa capacidad a los gobiernos regionales.

«Que las distintas comunidades autónomas establezcan diferencias en el sistema de supervisión y control puede traducirse en distorsiones para el mercado interior», avisó el representante de esta asociación, que tiene entre sus asociados a Consum, Dia, Mercadona y las centrales de compras Euromadi e IFA.

Asedas lamenta que el Gobierno haya rehusado valorar durante la elaboración del proyecto de ley y en el trámite de enmiendas de los grupos políticos al proyecto fórmulas alternativas de vigilancia de la ley. «Es muy difícil que un sistema de organización administrativa vaya a garantizar que esto se cumpla», señaló. Frente al modelo elegido, explicó García Magarzo, la patronal de los supermercados propone un régimen sancionador basado en «mejoras de las leyes mercantiles» -para que sean los tribunales quienes castiguen a los incumpidores- y en «recursos a la CNC». Unas vías que ahora ya tienen en sus manos los operadores de la cadena alimentaria.

Las distribuidoras expresaron su conformidad con el resto del proyecto, y en concreto con la obligación de suscribir contratos escritos que regulen las relaciones comerciales en la cadena. Un mecanismo que ven «clave» para garantizar la «transparencia y el equilibrio».

La Comisión Nacional de Competencia (CNC) avisó al legislativo de que introducir durante la tramitación del proyecto de ley mecanismos -directos o indirectos- de fijación de precios mínimos de productos agrícolas perjudicará a la competencia entre productores y, por extensión, al consumidor.