El juez investiga la compra de la casa y las cuentas de la mujer de Blanco

El futuro procesal de José Blanco se oscurece un poco más. El exministro de Fomento vio cómo ayer el juez del Tribunal Supremo José Ramón Soriano rechazó de un plumazo los últimos recursos de su defensa en los que acusaba a la Policía de hacer una investigación «paralela e inquisitorial» y pedía el archivo de las actuaciones.

El instructor del alto tribunal, que volvió hace pocos días de una baja médica, avaló en dos autos las nuevas líneas de investigación contra Blanco por los delitos de cohecho y tráfico de influencias en el denominado 'caso Campeón', la trama de subvenciones públicas que afecta a cargos del PP, PSOE y BNG en Galicia y ha tenido una derivada en Cataluña con el 'caso de las ITV', en el que está imputado el diputado autonómico de CiU e hijo del expresidente de la Generalitat, Oriol Pujol.

La causa contra Blanco se sigue en el Supremo al ser éste diputado nacional y, por tanto, aforado. Pero lejos de los privilegios procedimentales que se presuponen por esta condición, el exministro ha visto cómo las cosas se han ido complicado hasta el extremo de que el juez ha involucrado a su mujer y ha puesto en el punto de mira la compra del chalé que ambos tienen en Las Rozas, en las afueras de Madrid. En una de estas resoluciones, el magistrado señaló que las pruebas realizadas por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía, entre ellas la investigación de las cuentas del matrimonio entre 2006 y 2011, así como la nueva transcripción de las conversaciones telefónicas entre Blanco y el vicepresidente de Azkar, José Antonio Orozco, están justificadas para esclarecer de forma definitiva los hechos.

En primer lugar, el instructor del Tribunal Supremo defiende las pesquisas para aclarar la adquisición del chalé de Blanco y su esposa, Isabel Mourenza, porque «en la causa existen datos para entender que en alguna medida se la debía a su amigo Orozco», según las conversaciones telefónicas intervenidas atribuidas a este último.

A juicio del magistrado, esto da pie para investigar «si existían recursos económicos que no procedieran de sueldos, percepciones o ingresos legítimos del aforado, todo ello dentro de la investigación del delito de cohecho impropio por percepciones de cantidades dinerarias en consideración a su cargo».

¿Dinero negro?

En este punto, la UDEF ya informó al juez de que en el precio final de la casa del exministro había 230.000 euros de procedencia desconocida, y dejó entrever la posibilidad de que esa parte se pudo haber pagado en dinero negro.

La defensa de Blanco se mostró entonces muy molesta con estas indagaciones, ya que la Policía acudió a un portal inmobiliario de internet para conocer el precio de la vivienda, 900.000 euros, y no revisó el registro público de esa propiedad, que rondaba los 670.000 euros. Pese a ello, el juez del Tribunal Supremo respalda ahora la labor de la Policía judicial, que calificó de «responsable y correcta» y realizada «en forma de dación de cuenta e impulso de la investigación con conocimiento del fiscal».

Esto incluye el aval a que se investiguen las cinco cuentas bancarias que el exministro de Fomento y exvicesecretario general del PSOE comparte con su esposa, habida cuenta de que están casados en régimen de sociedad de gananciales. Asimismo, el juez Soriano también menciona la reunión que Blanco mantuvo que el denunciante de los hechos, el empresario farmacéutico Jorge Dorribo, en la gasolinera de Guitiriz (Lugo), que fue el origen de la investigación por parte de un juzgado lucense. En aquel encuentro Dorribo aseguró en sede judicial que recibió 200.000 euros de Blanco, un extremo que para el instructor no es creíble.

No obstante, el juez afirmó en el auto que pese a las «imprecisiones» del denunciante «no todo lo declarado por éste es falso» y catalogó de «anomalía» la parada del exministro en el área de servicio de Lugo.