El PP se abstiene en la aprobación inicial del decreto que expropia viviendas a los bancos

El Parlamento convalidó ayer tarde el decreto ley que contempla expropiaciones durante tres años a los bancos para frenar desahucios inminentes y sanciones de hasta 9.000 euros a las viviendas vacías con el voto a favor de PSOE e IU y la abstención del PP. Este partido, bastante crítico con el denominado decreto ley de medidas para asegurar el funcionamiento social de la vivienda, no votó en contra de esta aprobación inicial a la espera de poder introducir enmiendas en el trámite parlamentario que ahora se abre para convertirlo en ley.

La consejera de Fomento, Elena Cortés, aprovechó su intervención para desmentir al PP, que insiste en que la Junta tiene un parque de viviendas públicas desocupadas. El PP basó su denuncia en el informe del Defensor del Pueblo sobre la existencia de «miles de viviendas» construidas con fondos públicos que están vacías. Cortés recriminó al PP por confundir las viviendas que son propiedad de la Junta y que se adjudican a familias sin recursos con alquileres muy bajos y las viviendas de protección oficial (VPO). Estas son financiadas por la Junta de Andalucía, pero de propiedad privada. El informe del Defensor lo que denuncia y lamenta es que miles de estas VPO se hallan vacías en poder de las entidades bancarias por impago de sus compradores. Cortés recordó que el decreto da de plazo un mes a las entidades bancarias e inmobiliarias para que comuniquen la situación de estas casas.

Rotación lógica

«El parque público está ocupado y lo peor es que ustedes lo saben; es falso que haya viviendas vacías». Cortés explicó que el parque público de la Junta es de 81.000 viviendas en las que viven 350.000 personas y que las que hay vacías lo están de forma coyuntural por fallecimiento o abandono de algún inquilino. «No hay stock, hay rotación lógica». La consejera de Fomento preguntó al PP de «dónde ha sacado el bulo» de las viviendas vacías.

La portavoz del PP, Alicia Martínez, insistió en su intervención, posterior a la consejera, en que esta «miente» sobre las casas vacías. Martínez mostró las fotos de cien viviendas construidas por la Empresa Pública del Suelo (EPSA) en Cádiz que esperan desde hace cinco años a ser entregadas; y de otras 50 en Morón (Sevilla) también sin habitar, según Martínez. La diputada del PP cuantificó en 5.000 las casas propiedad de la Junta que están desocupadas. Fuentes de Fomento explicaron que las viviendas de Cádiz se construyeron en convenio con el Ayuntamiento de esta ciudad y la Junta espera desde hace cinco meses que acepte la cesión de las casas. El Ayuntamiento de Cádiz está gobernado por el PP.

Alicia Martínez consideró que el decreto es de una «utilidad más que limitadísima» y no aporta nada a la norma del Gobierno de Rajoy. También lo tilda de demagógico y de «mínima efectividad». «No hay al día de hoy ninguna medida que se pueda poner ya y ahora en marcha», dijo. Puso el dedo en la llaga al preguntarse por qué el PSOE lo aplaude con tanto entusiasmo cuando lo que hace es poner en evidencia el fracaso de la Ley de Derecho a la Vivienda, norma estrella de los últimos años de gobierno de Chaves a la que IU votó en contra.

La consejera de Fomento se mostró convencida de que el decreto no tiene ningún resquicio ilegal. «El Gobierno de la nación no lo ha recurrido ni lo va a recurrir porque no hay base jurídica para ello», aseveró. Cortés se congratuló del eco de sus medidas que considera «un plan de choque para frenar la sangría social» de los desahucios y los problemas para acceder al crédito bancario. Ayer mismo su viceconsejero, José Antonio García Cebrián, defendía el decreto en el Parlamento europeo. La Comisión Europea estudia si el decreto es compatible con las condiciones impuestas a España en el memorándum del rescate bancario. El eurodiputado Willy Meyer (IU) ha organizado un debate en la Eurocámara para reivindicar el derecho universal de la vivienda. García Cebrián defendió la legalidad del decreto andaluz.