La Junta prepara una ley contra el fraude en las subvenciones públicas

La consejera de Presidencia, Susana Díaz, anunció ayer la aprobación en pocas semanas de dos leyes: la de transparencia de la actividad política y la de lucha contra el fraude fiscal. En esta última se incluirá una revisión de los parámetros para la obtención de una subvención o ayuda de la administración para evitar el posible fraude en las prestaciones sociales. Díaz adelantó que para la asignación de recursos la Junta no solo tendrá en cuenta la renta sino también el patrimonio o conjunto de propiedades de la familia que los solicite.

La medida no es nueva. El presidente de la Junta, José Antonio Griñán, la anunció en el Parlamento hace dos años, en junio de 2011, en el debate sobre el estado de la Comunidad, el último antes de las elecciones de marzo de 2012. El presidente expuso una batería de medidas, entre ellas un plan contra lo que él mismo llamó «fraude social».

El presidente recordó entonces que el gran número de ayudas que otorga la Junta permite que una familia andaluza de cuatro miembros y con un dependiente a su cargo pueda llegar a recibir al año más de 13.000 euros, alrededor de mil euros mensuales, en conceptos que van desde medicamentos gratuitos, ayudas para la dependencia, becas para libros, para ordenadores, hasta transporte escolar. Existe la percepción ciudadana de que hay aprovechados que no deberían tener derecho a ello, pero consiguen burlar a la administración porque sus ingresos no están sujetos a una nómina, controlada por la Agencia Tributaria. La ley perseguirá a estos defraudadores y con ello «una mayor equidad para que el coste de la crisis no lo paguen las clases medias», señaló Susana Díaz. La consejera se refiere -aunque no lo puntualizó- a que es la clase media profesional la que mayormente cobra por nómina y se queda fuera de las subvenciones debido a su renta.

La futura norma -que se aprobará a primeros de junio- establecerá controles a través de intercambio de información entre la Agencia Tributaria y las administraciones educativa y sanitaria, entre otras.

Griñán habló hace dos años de posibles sanciones para quienes defraudan en percepciones sociales, aunque ayer la consejera de Presidencia no quiso dar más explicaciones. Solo respondió que la medida no pretende ahorrar ni recaudar dinero, sino que las prestaciones vayan a las personas que realmente lo necesitan.

Susana Díaz reiteró que la primera ley que se aprobará en Consejo de Gobierno será la ley de transparencia política, que obligará a los diputados y otros cargos públicos a percibir un solo sueldo. También avanzó que los presupuestos de 2014 reeditarán el plan de choque de empleo de obras en colegios, caminos rurales y rehabilitación de viviendas. Desde su puesta en marcha en 2011 la Junta ha destinado ya 500 millones de euros a este plan. Ambas medidas, la del sueldo de los políticos y el plan de choque de empleo, también fueron anunciadas por Griñán en junio de 2011.

El Consejo de Gobierno hizo balance del primer año de coalición entre PSOE e IU que, en palabras de Díaz, ha sido «fuerte, sólido y estable, activo, movilizado y sensible». La consejera dijo que no era, no obstante, un análisis autocomplaciente porque el aumento alarmante del paro le impide darse «por satisfecha». Frente a las críticas de inactividad del PP, Díaz contó cien medidas, entre ellas 18 legislativas, aprobadas este primer año. Destacó los decretos contra los desahucios y contra la exclusión social.