La Junta alerta de que un nuevo recorte del Gobierno tumbará la dependencia

La sospecha de un nuevo recorte en la ley de dependencia hizo saltar ayer las alarmas en la Junta de Andalucía. El plan de reformas que el Gobierno central colgó en su web el jueves, día uno de mayo, incluye el compromiso ante la Unión Europea de recortar 1.108 millones de euros en este capítulo a lo largo de 2013, una cantidad superior a la que la Administración central tiene presupuestada, que asciende a 1.087 millones. Las prestaciones por dependencia son pagadas en su mayor parte por las comunidades autónomas que, en el caso de Andalucía, atiende a unos 183.000 usuarios.

Aunque el Ministerio aseguró que el recorte responde a cuatro medidas acordadas el año pasado con las comunidades autónomas hasta 2014, según Europa Press, como fueron la reducción del 15% de la prestación a cuidado familiar, la eliminación del pago de cuotas de la seguridad social de cuidadores familiares, priorizar las prestaciones a servicios profesionales y la fijación del copago del ciudadano en un 5%, en el sector, ya vapuleado por los impagos y la incertidumbre, cunde la preocupación y se habla de «hachazo» al sistema denominado «cuarto pilar del Estado del Bienestar».

La consejera de Salud y Bienestar Social, María Jesús Montero, aseguró que «si el Estado se retira de la dependencia, la dependencia no tiene futuro». Andalucía, explicó, hace frente ahora a un 70% de las pagas y el 30% restante lo sufraga el Gobierno, un reparto que se ha desequilibrado desde la llegada de Rajoy al Gobierno, dijo, pues «todas las medidas que se han adoptado han pasado por disminuir el aporte económico que hacía el Ejecutivo a la Junta», que era del 50%.

La previsión es «que baje más la aportación del Estado», por lo que opinó que se da un escenario que «ya se venía sospechando», como es «el desmantelamiento encubierto de la ley de dependencia». Montero aseguró que «en vez de valientemente defenderlo en el Congreso de los Diputados se lleva por la asfixia económica de las comunidades autónomas».

La consejera responsable de Bienestar Social dijo que Andalucía va a «hacer el esfuerzo para intentar sostener los derechos de los ciudadanos», a pesar de que opina que «ninguna administración en solitario es capaz de establecer, desarrollar y consolidar un modelo de derecho» como el que fijó la ley.

Ralentización

La manera de hacerlo, dijo, será «ralentizando la incorporación de personas dependientes al sistema». No se puede, aclaró, estar recibiendo 200 millones hoy menos que hace dos años para las mismas personas «y a saber cuánto menos dentro de dos meses».

La consejera de presidencia, Susana Díaz, dijo por su parte que con este recorte, encubierto porque no se dio a conocer en el Consejo de Ministros y se comunica en un día festivo, «el Gobierno está dejando caer la ley de dependencia». «Rajoy ya dijo el pasado noviembre que la ley era inviable y cada una de las decisiones que está tomando viene a corroborar esta afirmación».

Mario Jiménez, vicesecretario general del PSOE-A , fue más allá y declaró que el recorte «hace inviable» la prestación de la dependencia en Andalucía, porque «no salen las cuentas, no es posible garantizar los servicios». El Gobierno «firma la condena de muerte», dijo, y anunció que Andalucía peleará «con uñas y dientes» para defender la ley

La situación de la ley de dependencia motiva un gran número de quejas de usuarios que no reciben las prestaciones y el Defensor del Pueblo andaluz, José Chamizo, ha calificado la situación de cercana al levantamiento social. Ayer en el Parlamento, donde presentó la memoria del año 2012, Chamizo dijo que «si no se produce un cambio de rumbo a corto plazo tendremos que certificar la defunción del sistema». La norma inicial «ha sido objeto el pasado año de la desvirtuación desde la derogación normativa de contenidos, la bajada del presupuesto y la paralización de la acción administrativa dedicada a la gestión y aplicación del sistema».

La Defensoría ha propuesto tres medidas urgentes para la pervivencia de la Ley: apostar por la ayuda a domicilio y centros de día, mantener la tasa de reposición y pagar la deuda acumulada en el sistema de dependencia.