Educación repartirá los contenidos de Ciudadanía en otras asignaturas

El pronunciamiento del Consejo de Estado apenas alterará el contenido de la reforma educativa. El Gobierno considera que el dictamen del principal órgano consultivo avala la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) «en sus pilares fundamentales» y que las objeciones planteadas por los expertos al anteproyecto se refieren a temas «no esenciales» de la normativa. Por ello, según explicó ayer la secretaria de Estado de Educación, Montserrat Gomendio, el Ministerio mantendrá la eliminación de Educación para la Ciudadanía y no implantará ninguna materia similar -como le recomendó el Consejo de Estado-. En su lugar, repartirá los contenidos de esta polémica asignatura en otras materias. Tampoco descartó mantener la posibilidad de que las comunidades con lenguas cooficiales financien la escolarización de un alumno en un centro privado para estudiar en castellano, aunque reconoció que buscarán «fórmulas alternativas».

Una de las principales críticas del texto del Consejo de Estado se refería a la ausencia en el anteproyecto de asignaturas de formación «ético-cívica» que dieran cabida al aprendizaje de valores democráticos que recomiendan los acuerdos suscritos por España con el Consejo de Europa y la UE. Sin embargo, Gomendio aseguró que estos contenidos serán incluidos de una manera «transversal en otras materias como Lengua o Historia» sin necesidad de implantar una asignatura específica. Por supuesto, en esos contenidos no se encontrarán los temas más sensibles y considerados «ideológicos» por la Iglesia como los tipos de familia -incluida las homosexuales- o el aborto. En cualquier caso, la número dos de Educación aplazó estos detalles a una segunda fase de la ley, cuando se estudie en profundidad los aspectos curriculares.

Sobre el modelo de inmersión lingüística de Cataluña que enfrenta al Gobierno central y a la Generalitat, la secretaria de Estado explicó que el el dictamen «suscribe todos los puntos de la Lomce referidos a las lenguas cooficiales y el uso del castellano». Gomendio insistió en que el modelo de inmersión lingüística no se cuestiona, pero recordó que el Gobierno autonómico desoye las sentencias judiciales sobre el uso del castellano. Por eso, el Ministerio se siente obligado a incluir en la normativa una fórmula que garantice ese derecho, aunque reconoció que buscarán fórmulas alternativas al pago de la escolarización de un alumno en un centro privado. Una iniciativa que el órgano consultivo recomendaba eliminar de la ley por la dificultad «técnico-jurídica» de su aplicación y por la invasión de competencias.

Otra de las objeciones del Consejo de Estado hace referencia a la «discriminación» que podrían sufrir los alumnos que escogieran Religión al verse privados de cursar «una materia sobre valores sociales y éticos a lo largo de su formación». Un contenido que se impartirá en las materias alternativas a la asignatura confesional (Valores Culturales y Sociales en Primaria y Valores Éticos en Secundaria). La secretaria de Estado no aclaró cómo piensan subsanar este problema, pero explicó que estudiarán varias posibilidades para corregirlo. Sin embargo, aclaró que no se plantean cambiar el estatus de ninguna de estas asignaturas.

Más receptivo parece el Gobierno a aceptar las recomendaciones sobre los centros con un modelo de segregación por sexos que reciben financiación pública para exigirles una justificación «objetiva» y «razonable» de este sistema y someterles a un escrutinio «especialmente intenso» para adoptar medidas académicas que favorezcan la igualdad. Gomendio asumió esta recomendación y explicó que la línea para evitar una posible discriminación la marca la Unesco. La incógnita es cómo se articulará esa vigilancia.

En cualquier caso, el Ministerio se tomará un plazo de «reflexión» para evaluar otras cuestiones técnicas citadas en el dictamen, pero de menor calado. Pero esos estudios tiene una fecha límite: el 10 de mayo. Ese día el ministro José Ignacio Wert llevará la Lomce al Consejo de Ministros para su aprobación definitiva con el objetivo de inciar la tramitación parlamentaria inmediatamente después.